Fiscal de Quintana Roo bajo la lupa de la FGR por violación a la libertad de expresión

La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto la mira en el fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, quien se encuentra actualmente como imputado en una carpeta de investigación por delitos relacionados con la libertad de expresión.

La indagatoria en contra del fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, se deriva de la denuncia presentada por Fabiola Cortés Miranda en febrero de 2021. La activista y periodista independiente asegura que, tras exponer el caso de despojo vinculado a un familiar de una autoridad de alto nivel del sexenio pasado en Quintana Roo, la Fiscalía estatal emprendió actos de acoso en su contra y abrió tres carpetas de investigación en su nombre con acusaciones consideradas absurdas, entre las que se incluyen delitos como despojo y tráfico de influencias.

Cortés Miranda detalló que una de las investigaciones inventadas por la Fiscalía de Quintana Roo se relaciona con un supuesto despojo en el puerto de Mahahual, municipio de Othón P. Blanco. La acusación sostiene que ella llegó al lugar acompañada por el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Policía estatal, derribando alrededor de 40 casas. Sin embargo, la activista afirma que esta acusación es exageradamente absurda y que las autoridades ya se han deslindado de cualquier participación en dicho operativo, como consta en los escritos oficiales que forman parte de la carpeta de investigación.

La irregularidades en este caso comenzaron desde el momento en que se presentó la denuncia. Según Cortés Miranda, un grupo de personas llegó a la Fiscalía sin cita y sin que la carpeta de investigación estuviera dentro de la institución para denunciar los supuestos hechos. Además, ninguno de los testigos supuestamente presentes en el lugar de los hechos se encontraba realmente allí.

La activista también señaló que el propio fiscal Montes de Oca Rosales la acusó públicamente de ser la artífice del despojo durante una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo. Esta acusación se suma a otra carpeta de investigación en la que se le señala de estar involucrada en un fraude relacionado con la venta de un terreno costero en la zona de Tulum.

Cortés Miranda resalta que este caso es inédito, ya que implica una situación especial vinculada al ámbito digital. Se inició una campaña pagada en redes sociales y medios de comunicación, así como la creación de páginas específicas para difundir información falsa y agredirla. La activista advierte que a los periodistas se les puede silenciar de diferentes maneras, y una de ellas es mediante la creación de falsas carpetas de investigación que buscan desacreditar y anular su trabajo.

A pesar de la aparente absurdidad de las acusaciones en su contra, Cortés Miranda admite tener miedo, ya que cualquiera de las tres acusaciones podría ser judicializada en cualquier momento, poniéndola en riesgo de ser encarcelada. Ella considera que se trata de todo el Estado en su contra, ya que controlan tanto la Fiscalía General del Estado como el Poder Judicial. La activista concluye expresando su temor a que el aparato estatal se ponga en marcha en su contra, tal como lo hizo a través del fiscal General del Estado.