Quintana Roo
Suspensión de propaganda gubernamental en Quintana Roo durante periodo electoral
En caso de incumplimiento, la ley establece sanciones administrativas por parte del Instituto Electoral.
María Salomé Medina Montaño, Consejera y Presidenta de la Comisión Jurídica, anunció la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental en los medios de comunicación durante el periodo electoral en Quintana Roo, que abarca del 01 de marzo al 29 de mayo.
Esta medida se mantendrá vigente hasta la conclusión de la jornada comicial, con el objetivo de asegurar la imparcialidad en el próximo proceso electoral programado para el domingo, 2 de junio.
Medina Montaño explicó que durante el periodo electoral federal y local en Quintana Roo, la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental es obligatoria para los poderes federales, estatales, municipales y otros entes públicos.
En cuanto a las excepciones, la Consejera especificó que están permitidas las campañas de información de autoridades electorales, servicios educativos, servicios de salud y servicios de Protección Civil, en caso de ser necesarios.
Esta disposición, basada en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo asegurar que la propaganda gubernamental tenga un carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social, sin promover la imagen personalizada de servidores públicos.
Durante la veda electoral, que incluye los 3 días previos a la elección (30, 31 de mayo y 1 de junio) y el día de la jornada electoral, también se restringe la propaganda gubernamental, excepto en los casos mencionados anteriormente.
En caso de violación de esta disposición, el artículo 400 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Quintana Roo establece sanciones administrativas por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo. Además, Medina Montaño advirtió que utilizar recursos públicos con fines electorales puede constituir un delito electoral, sujeto a sanciones penales.
Sin embargo, aclaró que los programas sociales deben continuar operando normalmente, evitando entregas masivas que puedan interpretarse como acciones con connotación electoral.
Por último, recordó que los servidores públicos tienen derecho a participar en actividades proselitistas fuera de su jornada laboral y días hábiles, siempre y cuando no utilicen recursos públicos para tales fines.
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