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Juez dicta prisión preventiva para seis trabajadores del Bar Black Royce en caso de muerte del empresario Iñigo Arenas

Luego de una audiencia extensa, un juez de control en Tlalnepantla ordena prisión preventiva para los empleados del bar Black Royce, en relación con la muerte del empresario Iñigo Arenas el pasado 6 de agosto.

Después de más de diez horas de intensa audiencia, un juez de control con base en Tlalnepantla ha decidido dictar prisión preventiva para los seis empleados del bar Black Royce, localizado en el municipio de Naucalpan, en conexión con el trágico fallecimiento del empresario Iñigo Arenas el pasado 6 de agosto.

Las personas en cuestión son Carlos Daniel ‘N’, Eduardo ‘N’, Ana Karen ‘N’, Aritzi Abril ‘N’, Cecilia Mariana ‘N’ y Ana Karen ‘N’, quienes compartieron momentos con el empresario durante las últimas horas de su vida.

La audiencia inicial de formulación de imputación tuvo lugar en los Juzgados de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencia, situados en las cercanías del Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla de Baz.

Durante este proceso legal, el juez de control determinó la legalidad de su detención y otorgó la duplicidad del término constitucional a las cuatro mujeres y dos hombres detenidos recientemente. En consecuencia, su situación jurídica será resuelta en detalle el próximo martes.

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Durante la audiencia, los fiscales presentaron los cargos acumulados en contra de los imputados y solicitaron iniciar un proceso legal en su contra debido a su supuesta implicación en los acontecimientos.

No obstante, con el objetivo de demostrar la inocencia de los imputados, sus abogados defensores solicitaron una prórroga del plazo para presentar pruebas a favor de sus clientes. Argumentaron que los seis detenidos habían sido víctimas de tortura física y psicológica.

Un Testigo Protegido de la Fiscalía A las 9:00 horas, los seis implicados abandonaron sus celdas en el Centro Penitenciario de Barrientos en Tlalnepantla, Estado de México, para enfrentar al juez de control en su primera audiencia. Casi de inmediato, la jueza de la sala número 10 declaró legal su detención.

Durante la presentación de las pruebas, se reveló que la fiscalía contaba con un testigo protegido, quien se identificó como Ricardo “N”, gerente del Black Royce. Este testigo afirmó que en el establecimiento las mujeres que trabajaban allí suministraban sustancias a los clientes para prolongar su consumo de bebidas alcohólicas.

Además, se destacó que existía un acuerdo entre el bar y los taxis de la Ciudad de México, en el cual los taxistas llevaban a clientes ebrios por una tarifa de $300 pesos o el 30% de la cuenta.

En un giro inusual, los seis detenidos dieron su testimonio, coincidiendo en que habían comparecido voluntariamente el domingo pasado. Sin embargo, doce horas después se les notificó que estaban bajo arresto por el delito de cohecho.

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Se reveló que el testigo protegido había ofrecido $20 mil pesos para detener las investigaciones, lo que resultó en acusaciones adicionales por cohecho. Este giro llevó al traslado de los detenidos a la fiscalía de asuntos especiales en Toluca, donde enfrentaron cargos por resistencia.

Además, los acusados alegaron que los agentes ministeriales los habían sometido a tortura tanto física como psicológica. Ante esta grave acusación, la jueza ordenó la apertura de una investigación por el delito de tortura y solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para llevar a cabo la recomendación correspondiente.

Detalles de la Investigación Preliminar Según la investigación inicial de la fiscalía del Estado de México, Iñigo Arenas visitó un establecimiento en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la noche del sábado 5 de agosto. Salió de dicho establecimiento en las primeras horas del domingo 6 de agosto.

Se registró en cámaras de vigilancia cuando abordó un vehículo de transporte público con distintivos de la Ciudad de México a las 03:00 horas. Minutos más tarde, llegó al Black Royce.

Durante su estadía en el bar, se relacionó con las cuatro mujeres acusadas, solicitando cuatro botellas de licor. Sin embargo, cerca de tres horas después, comenzó a experimentar malestares. A pesar de recibir asistencia de servicios de emergencia, falleció alrededor de las 6 de la mañana.

En medio de este proceso, familiares de la víctima reportaron su desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, lo que llevó a la apertura de una investigación. Las autoridades locales hallaron su cuerpo sin vida en Naucalpan.

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La autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por sofocación inducida, involucrando la obstrucción de las vías respiratorias por contenido gástrico y sustancias químicas, así como la presencia de alcohol. Además, durante el cateo en el bar se encontraron pastillas y sobres con contenido de diversas sustancias, incluyendo clorhidrato de cocaína.

La decisión final del juez fue mantener a los acusados en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, hasta que su situación jurídica sea resuelta el próximo martes, en estricto cumplimiento de la ley y en busca de justicia para Iñigo Arenas y su familia.