El cartel del despojo de inmuebles en Quintana Roo. 

El fraude procesal de la delincuencia organizada cometido por el cartel del despojo de inmuebles en Quintana Roo, lleva dos años y medio detenido.

El fraude procesal de la delincuencia organizada cometido por el cartel del despojo de inmuebles en Quintana Roo, lleva dos años y medio detenido, por lo tanto,  solicitan el amparo indirecto de la apertura de la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía Especializada de  Anticorrupción, así lo señaló, Eduardo Galaviz, presidente de Observatorio Ciudadano. 

Galaviz Ibarra, aseveró que en el cartel del despojo están involucrados la expresidente de la junta de conciliación de Cozumel, Teresa de Jesús Ku Pat, así como varios funcionarios del Registro Público de la Propiedad en el Estado. 

Explicó que el cartel del despojo de inmuebles simulaba juicios laborales en donde están involucrados el actual secretario del Bienestar Pablo Bustamante, la empresaria y madre del exdiputado Gustavo Miranda, Érika Luz García Deister

Asimismo, Gustavo Salas, abogado del banco, indicó que la Fiscalía Anticorrupción tiene todo detenido por cuestiones políticas a lo que se suma que acudir a la institución parece un  viacrucis ya que atiende mal todo es para dentro de 5 meses, demostrando una brutal corrupción.

En ese mismo sentido Eduardo Galaviz, aseveró que la fiscalía por mucho tiempo se ha rehusado a ejercer acción penal, cuando se ha solicitado la vinculación a proceso y cuando finalmente se logra a través de otros recursos judiciales y ahora el juez determina que había prescripción, lo cual parece una locura. 

Afirmó que las denuncias se han hecho en tiempo real, sin embargo, la mano del poder político ha neutralizado la carpeta de investigación en la fiscalía anticorrupción.

Cabe recordar, que el modus operandi del cartel del despojo es la simulación de juicios laborales en donde supuestos trabajadores demandaban por despidos injustificados, salarios caídos en donde cada trabajador ganaba más de 90 mil pesos mensuales.

De esa forma logran el embargo del lujoso condominio residencial Maioris Tower de Puerto Cancún, como garantía de un reclamo por 10 millones 405 mil 645.10 pesos, costo que superó el avalúo del inmueble el cual fue de 9 millones de pesos, por lo que al final fue adjudicado.