La Fiscalía General de la República impugnó la sentencia de amparo que impediría el traslado a prisión del exgobernador Mario Villanueva, sentenciado por narcotráfico. Desde el inicio, el caso de Mario Villanueva ha generado atención por su complejidad legal y por las condiciones bajo las cuales ha permanecido fuera de un penal.
El recurso de revisión fue presentado el pasado 17 de abril, como una acción directa contra la resolución que había favorecido al exmandatario. Con este movimiento, la FGR busca revertir la medida que mantiene a Mario Villanueva en prisión domiciliaria, argumentando que aún debe cumplir su condena en un centro penitenciario.
Proceso judicial en curso
El recurso fue recibido formalmente por el Juzgado Sexto de Distrito, instancia que ahora deberá turnarlo a un Tribunal Colegiado de Circuito. Este órgano será el encargado de determinar si se admite la revisión y, en su caso, resolver el fondo del asunto.
Antecedentes del amparo
El exgobernador solicitó el amparo en mayo de 2025, en respuesta a una orden para su traslado a un penal en Morelos, donde debía continuar cumpliendo su sentencia de 36 años por narcotráfico. Posteriormente, obtuvo una suspensión definitiva que frenó dicho traslado.
Estado de salud como factor clave
La jueza federal que resolvió el caso consideró el estado de salud del exgobernador como un elemento determinante para mantener la medida de prisión domiciliaria. Este argumento ha sido central en la estrategia legal que ha permitido prolongar su permanencia fuera de un penal.
Permanencia en prisión domiciliaria
El exmandatario permanece en arresto domiciliario desde 2020, cuando se le concedió el beneficio en el contexto de la pandemia de COVID-19. Desde entonces, ha continuado bajo esta modalidad en una vivienda ubicada en Chetumal.
Postura de las autoridades federales
La FGR ha reiterado su intención de que el exgobernador regrese a prisión para cumplir la totalidad de su condena, que asciende a 36 años. Este posicionamiento refleja la insistencia de las autoridades en que se ejecute la sentencia conforme a lo establecido.