La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha ordenado la clausura temporal de actividades en 25 predios del ejido San Isidro Poniente, en el municipio de José María Morelos, tras detectar el desmonte de más de 330 hectáreas de selva sin las autorizaciones federales necesarias.
Inspecciones y hallazgos
Las inspecciones se llevaron a cabo los días 21 y 29 de octubre, donde se identificó la remoción de vegetación en terrenos de selva baja y mediana subperennifolia. También se encontraron actividades de apertura de caminos y cambios en el uso del suelo forestal.
En una primera revisión, se identificaron afectaciones en 22 polígonos, con una superficie de 304.863 hectáreas. Durante la segunda inspección, se localizaron otros tres predios con 24.94 hectáreas desmontadas.
Falta de autorizaciones y acciones legales
En ninguno de los 25 terrenos inspeccionados se acreditó contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar el cambio de uso de suelo forestal. Como resultado, se impusieron clausuras temporales totales y se iniciaron los procedimientos administrativos correspondientes.
Investigaciones sobre responsables
La Profepa investiga la posible participación de menonitas en los desmontes. Habitantes de San Isidro Poniente han señalado que los trabajos podrían haber sido realizados por integrantes de un grupo menonita en la región. Esta información será revisada durante los procedimientos administrativos.
Impacto ambiental y medidas preventivas
Este caso se sitúa entre los desmontes de mayor extensión reportados recientemente en Quintana Roo. La Profepa advirtió que la eliminación de vegetación forestal sin autorización puede provocar pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y fragmentación de hábitats.
Las clausuras impuestas son medidas preventivas para evitar más afectaciones, pero no representan una resolución definitiva sobre las responsabilidades administrativas.