Expertos advierten que plataformas como Airbnb han dejado de ser una economía colaborativa, generando ganancias millonarias y creando una competencia desigual con el sector hotelero.
El modelo de rentas vacacionales, promovido inicialmente como una forma de economía colaborativa, ha evolucionado hasta convertirse en un negocio hotelero altamente rentable, lo que ha generado la necesidad de una regulación más estricta. Según un análisis de la consultora Starc en Cancún, algunos propietarios de inmuebles ofertados en plataformas como Airbnb han logrado ingresos que superan los 2.7 millones de dólares en un solo año, evidenciando la magnitud del negocio.
Francisco Madrid Flores, director de la consultora, explicó que su estudio revela que cada anfitrión posee en promedio 2.7 unidades en renta, lo que desvirtúa la idea del autoempleo y refuerza la necesidad de establecer reglas claras y equitativas, similares a las que cumplen los hoteles. Además, el monitoreo identificó a tres propietarios con menos de 100 unidades que generaron ingresos millonarios, lo que confirma que estas plataformas han dejado de ser únicamente un recurso para pequeños arrendadores.
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El crecimiento del mercado de rentas vacacionales también ha generado una competencia desigual entre los anfitriones, ya que han surgido empresas especializadas en administrar múltiples propiedades, desplazando a quienes originalmente usaban estas plataformas como un ingreso complementario. De acuerdo con las mediciones realizadas el año pasado, se registraron 21,750 unidades en funcionamiento, de las cuales 7,500 pertenecían a propietarios individuales, consolidando así un promedio de 2.7 unidades por anfitrión.
Ante esta situación, expertos sugieren que el marco regulatorio debe contemplar a las plataformas de renta vacacional dentro de los lineamientos aplicables a la industria hotelera. En el Plan de Desarrollo se ha propuesto que estas actividades cumplan con requisitos similares a los hoteles, incluyendo licencias de funcionamiento y regulaciones de impacto.
En Quintana Roo, la reciente reforma a la Ley de Turismo establece que las rentas vacacionales deben pagar un 6% por concepto de Impuesto al Hospedaje, registrarse en un padrón estatal y tramitar los permisos correspondientes. Sin embargo, hasta ahora, muchas de estas propiedades se han construido sin cumplir con los estudios de impacto requeridos.
El debate sobre la regulación de las rentas vacacionales continúa, con posturas que buscan equilibrar el desarrollo de esta actividad sin afectar a la industria hotelera ni a las comunidades locales que enfrentan el impacto de este fenómeno.
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