Fecha límite para cambios legales y constitucionales en proceso electoral genera confusión en el INE

El INE tiene división de opiniones sobre si la Suprema Corte está o no sujeta a la obligación constitucional de resolver la validez del ‘Plan B’ 90 días antes del inicio del proceso electoral.

Este viernes 2 de junio es considerado como la fecha fatal para realizar cambios legales y constitucionales de cara al próximo proceso federal en México. Sin embargo, dentro del propio Instituto Nacional Electoral (INE) existen dudas sobre si la Suprema Corte de Justicia está exenta de este plazo y podría determinar la validez del llamado Plan B incluso semanas antes del inicio de las elecciones.

De acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, se establece claramente que solo se podrán realizar modificaciones legales en la organización del proceso electoral hasta 90 días antes de su inicio, es decir, el 1 de septiembre. Sin embargo, diversas interpretaciones jurídicas han generado confusión tanto entre abogados, expertos y el propio Consejo General del INE.

El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha establecido que la fecha límite es el 2 de junio y si para entonces no se validan por parte de los tribunales las normas del Plan B, se llevarán a cabo las elecciones de 2024 bajo las reglas actuales, que han brindado paz pública y estabilidad.

Aunque se logró una suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las reglas previas a la reforma electoral siguen vigentes. Sin embargo, algunos han planteado que el plazo de los 90 días previos, que se cumplen este viernes, podría no ser aplicable para los ministros y ministras.

El consejero Arturo Castillo ha explicado que si bien la Constitución se refiere únicamente a la promulgación de leyes por parte de los Congresos, la Corte puede determinar en cada caso si se ajusta o no a esta regla.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala sostiene que, desde su análisis constitucional, el artículo 105 solo es aplicable a los Congresos, y los 90 días son el plazo que la Suprema Corte tiene para determinar la constitucionalidad o no de las normas. Sin embargo, ha dejado claro que si se toma una decisión después de esta fecha, la SCJN deberá aclarar los efectos que tendría su resolución para las elecciones de 2024.

En contraste, la consejera Dania Ravel considera que el plazo implica cambios tanto legales como constitucionales, por lo que las autoridades electorales se enfrentarían a dificultades si se emite una determinación fuera del plazo establecido de tres meses, lo que permitiría tener claridad en la organización de las elecciones.