Tras más de 14 horas de debate, se aprobó el proyecto de reforma a la Constitución que devuelve la denominación de “empresas públicas” a Pemex y CFE, además de dar prioridad a la empresa eléctrica estatal sobre las privadas.
En la madrugada de este viernes, el pleno de la Cámara de Diputados culminó una extensa discusión de casi 14 horas con la aprobación del proyecto de reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que restituye la categoría de “empresas públicas” a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La votación se llevó a cabo con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención, y ahora el decreto será enviado al Senado para su análisis y posible ratificación.
La reforma, respaldada por las bancadas de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), elimina la designación de “empresas productivas” del Estado que se otorgó a estas entidades durante la reforma energética de 2014. Además, el nuevo marco legal otorga a la CFE una posición preferencial sobre las empresas privadas en el sector eléctrico.
En el transcurso de la discusión, los legisladores del bloque oficialista aceptaron una reserva presentada por los morenistas Ricardo Monreal y Ana Elizabeth Ayala, que libera al Estado mexicano de la responsabilidad en la transición hacia las energías limpias, responsabilidad que la reforma de 2014 había establecido. Esta modificación suprimió un párrafo que imponía al Estado la obligación de liderar la transición energética y asegurar el uso sustentable de todas las fuentes de energía disponibles en el país.
La reforma también establece que las leyes pertinentes determinarán cómo podrán participar los inversionistas privados en la industria eléctrica, pero aclara que sus actividades no tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado.
Durante el debate, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, argumentó que esta reforma, impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, busca recuperar el control del Estado sobre los sectores estratégicos de electricidad y hidrocarburos. Asimismo, anunció que las leyes secundarias definirán la participación de la CFE con al menos un 54% en el sector eléctrico.
La discusión generó tensiones notables en el pleno, donde se produjeron intercambios verbales acalorados. Un grupo de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) interrumpió a la morenista Dolores Padierna, quien, en su papel de presidenta de la Mesa Directiva, les reprochó por excederse en el tiempo de su intervención. La presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu, también se enfrentó a diputadas panistas, defendiendo la postura de su partido y criticando los intereses privados.
Por su parte, la diputada Josefina Gamboa del PAN, acusó a Abreu de contradicciones en su trayectoria política, recordándole que anteriormente había apoyado la reforma energética del 2013. En tanto, el diputado del PRI, Arturo Zamora, advirtió que el dictamen violaba principios constitucionales relacionados con derechos humanos y contradecía los tratados comerciales vigentes con Estados Unidos y Canadá, señalando pérdidas significativas de la CFE en los últimos meses.
La reforma subraya la importancia de asegurar el servicio eléctrico a través de un control estatal que garantice la autosuficiencia energética, así como la provisión de electricidad al menor costo posible para los ciudadanos, evitando el lucro y asegurando la seguridad nacional.
A pesar de los intentos de los grupos parlamentarios del PAN y Movimiento Ciudadano (MC) por detener el proyecto y devolverlo a comisiones, la mayoría oficialista continuó con el proceso de discusión y aprobación. En este contexto, se desestimaron diversas propuestas de modificación, entre ellas la del diputado Rubén Moreira (PRI), que buscaba reconocer el acceso a la electricidad como un derecho humano.
La larga noche de deliberaciones en San Lázaro culminó con una clara muestra de las tensiones políticas que rodean la reforma, evidenciando las posturas enfrentadas sobre el futuro del sector energético en México y el papel del Estado en esta materia.
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