La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la autoridad para garantizar que la intervención policial en las universidades públicas se realice dentro del marco legal y respetando los derechos fundamentales. Esto surge en medio de la polémica generada por el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre un protocolo para ingresar a las universidades en caso de desmanes o actos violentos.
Contexto del anuncio y postura de la Defensoría
El presidente Abelardo de la Espriella anunció el domingo 13 de septiembre la creación de un protocolo nacional que permitiría a la fuerza pública actuar en las universidades en situaciones de violencia o alteraciones del orden público. De acuerdo con sus declaraciones, el objetivo es distinguir entre protestas pacíficas y hechos que requieren intervención estatal.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el impacto que estas acciones podrían tener en la autonomía universitaria y en los derechos de la comunidad académica. En un comunicado, solicitó que cualquier ingreso de las autoridades a los centros de educación superior tenga límites claros y respetuosos de la ley.
Principios y límites en la intervención policial
Según la entidad, la autonomía universitaria está protegida en el artículo 69 de la Constitución y garantiza la autodirección, la autorregulación y la libertad académica. La Defensoría aclaró que, en casos de flagrancia, la fuerza pública puede intervenir sin autorización previa, pero siempre bajo un fundamento jurídico y respetando los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
Derechos y garantías en las protestas universitarias
La organización recordó que la protesta pacífica y las expresiones de disenso son derechos fundamentales de la comunidad universitaria. La protesta no justifica el ingreso policial, y las intervenciones deben centrarse únicamente en conductas violentas o delictivas, evitando interpretaciones que asocien la inconformidad social con delitos.
El organismo también subrayó que la historia del país requiere especial cuidado en la protección de la autonomía universitaria y los derechos de los estudiantes, docentes y trabajadores. La respuesta estatal debe ser proporcional y enfocada en hechos específicos, sin afectar derechos como la libertad de expresión o la deliberación académica.
Reacciones y declaraciones oficiales
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que el Estado respetará las movilizaciones pacíficas y que el protocolo busca distinguir entre protestas legítimas y actos de vandalismo. También advirtió que las universidades no pueden ser utilizadas para organizar ataques o almacenar elementos peligrosos, y que la autonomía universitaria no es una patente de impunidad.
La Propuesta gubernamental contempla que la Policía Nacional sea la primera autoridad en actuar ante estos escenarios, siempre que exista evidencia de hechos violentos o amenazas a la seguridad pública.