La ministra Margarita Ríos Farjat propuso al Pleno asumir responsabilidades clave para garantizar la legitimidad del proceso, pero la Corte desestimó su planteamiento.
En sesión privada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no respaldar una propuesta presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat, quien planteó que el Pleno asumiera las funciones del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (PJF). La intención de la ministra era asegurar la transparencia y legitimidad en la selección de candidatos a jueces, magistrados y ministros, pero su iniciativa fue rechazada.
Ríos Farjat argumentó que, tras la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación, el proceso de selección enfrentaba riesgos significativos que podrían comprometer su imparcialidad y equidad. En el documento presentado al Pleno, subrayó que el vacío dejado por el Comité había tenido repercusiones directas en el proceso electoral extraordinario en curso, afectando tanto las suspensiones judiciales como las controversias promovidas por el propio Comité.
La ministra señaló que, sin un mecanismo de evaluación adecuado para garantizar la idoneidad de los candidatos, el procedimiento podría derivar en listas de aspirantes seleccionadas al azar, lo que pondría en peligro la legitimidad de las decisiones judiciales. Por ello, propuso que la Escuela Federal de Formación Judicial realizara exámenes de conocimientos especializados para los aspirantes, abarcando materias esenciales como derechos humanos y amparo.
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Según Ríos Farjat, este enfoque no solo aseguraría la calidad de los perfiles seleccionados, sino que también protegería la seguridad jurídica y los derechos fundamentales ante los desafíos derivados de la reforma judicial implementada recientemente.
Pese a la insistencia de la ministra en adoptar estas medidas, el Pleno de la Corte optó por no asumir las responsabilidades del Comité de Evaluación. Este rechazo deja en el aire la continuidad del proceso de selección y plantea interrogantes sobre cómo se garantizará la transparencia y legitimidad en el futuro cercano.
La propuesta de Ríos Farjat buscaba, entre otras cosas, mitigar los efectos negativos de una reforma judicial que, según indicó, había sido implementada de manera apresurada y que ahora enfrenta serios problemas en su aplicación. A pesar de su rechazo, la ministra dejó en claro la importancia de tomar decisiones que fortalezcan la confianza en las instituciones y aseguren la estabilidad del Poder Judicial.
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