La legisladora federal Aracely Cruz denunció presuntas intimidaciones por parte de una integrante de la Secretaría de Gobierno estatal. Aseguró que su seguridad y la de sus familiares podrían estar en riesgo, por lo que solicitará la intervención de autoridades federales.
Una diputada federal del Partido del Trabajo (PT) denunció presuntas amenazas provenientes de una funcionaria del Gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, después de participar en reuniones institucionales relacionadas con asuntos municipales y señalamientos sobre posibles vínculos con grupos del crimen organizado.
Se trata de Aracely Cruz, quien manifestó públicamente su preocupación por la seguridad de su familia y sus colaboradores. La legisladora aseguró que cuenta con grabaciones y otros elementos que pretende entregar a las autoridades federales para solicitar medidas de protección.
Oaxaca: legisladora acusa intimidaciones desde el gobierno estatal
Mediante un comunicado, la representante del PT señaló a Lucía Yasmín Torres Castillo, encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, dependencia perteneciente a la Secretaría de Gobierno estatal.
De acuerdo con la diputada, los hechos que considera intimidatorios ocurrieron durante encuentros de trabajo en los que también estuvo presente Jesús Romero López, titular de la Secretaría de Gobierno.
Cruz explicó que durante estas reuniones se abordaron asuntos relacionados con autoridades municipales y presuntas relaciones de algunos funcionarios locales con organizaciones criminales.
Sin embargo, afirmó que determinados comentarios comenzaron a preocuparle cuando las referencias se extendieron hacia su entorno personal y familiar.
La legisladora interpretó estas expresiones como una forma de intimidación y decidió hacer pública la situación para solicitar garantías de seguridad.
Señalamientos sobre crimen organizado generaron preocupación
La diputada explicó que, durante las conversaciones con funcionarios estatales, Torres Castillo habría mencionado supuestas relaciones entre autoridades municipales y grupos delictivos que operan en la región.
Según su testimonio, las declaraciones adquirieron un carácter amenazante cuando comenzaron a incluir referencias a sus familiares y a presuntos contactos con personas vinculadas al crimen organizado.
Cruz manifestó que estas alusiones le provocaron temor por las posibles consecuencias que pudieran tener para ella y sus seres cercanos.
La legisladora consideró necesario informar públicamente lo ocurrido debido a la gravedad que atribuye a los comentarios.
No obstante, los señalamientos corresponden a la versión presentada por la diputada y, hasta el momento, no se ha informado sobre una resolución oficial que determine responsabilidades por las presuntas amenazas.
Conflicto municipal está relacionado con las reuniones
Los encuentros entre la representante legislativa y los funcionarios del Gobierno de Oaxaca estaban vinculados con asuntos políticos del municipio de San Juan Mazatlán.
De acuerdo con la versión de Cruz, su participación consistía en acompañar a autoridades municipales electas que buscaban obtener el reconocimiento correspondiente por parte del Gobierno estatal.
La diputada ha señalado que estas autoridades cuentan con una resolución favorable de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, aunque sostiene que su acreditación no había sido concretada.
En ese contexto se desarrollaron las conversaciones con el secretario de Gobierno y la encargada de Fortalecimiento Municipal.
La legisladora relacionó las presuntas intimidaciones con su intervención en este conflicto y con su respaldo a las autoridades comunitarias.
Solicitará intervención de Omar García Harfuch
Ante la situación denunciada, Aracely Cruz anunció que buscará el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal.
La diputada indicó que enviará al titular de la dependencia, Omar García Harfuch, las grabaciones y demás elementos con los que asegura contar para respaldar su denuncia.
Su intención es que las autoridades analicen los acontecimientos y determinen las medidas necesarias para garantizar su integridad física.
La petición también contempla protección para sus familiares y las personas que colaboran con ella en sus actividades legislativas.
Cruz afirmó que, pese a haber solicitado apoyo a la Guardia Nacional y otras instituciones federales, hasta ese momento no había recibido la protección que considera necesaria.
Diputada expresa temor por posibles agresiones
Durante su pronunciamiento, la legisladora manifestó que decidió denunciar las amenazas porque teme que puedan convertirse en agresiones contra su persona.
La representante del PT señaló que no quiere convertirse en otra víctima de violencia y reiteró la importancia de que las autoridades atiendan su solicitud.
También sostuvo que continuará realizando sus actividades de representación y acompañamiento a comunidades, aunque considera indispensable contar con garantías para desarrollar su trabajo.
La denuncia busca que las instituciones federales conozcan los hechos señalados y puedan intervenir antes de que ocurra alguna situación de riesgo.
Por ahora, no se ha informado que las grabaciones anunciadas hayan sido evaluadas oficialmente ni que exista una determinación judicial contra la funcionaria señalada.
Gobierno estatal había rechazado acusaciones de violencia
La controversia ocurre meses después de que el Gobierno de Oaxaca respondiera a otros señalamientos relacionados con presuntos actos de confrontación durante actividades públicas.
En septiembre, la administración estatal rechazó acusaciones sobre el supuesto uso de grupos de choque durante los enfrentamientos registrados cerca del Auditorio Guelaguetza.
Los incidentes ocurrieron durante una visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que también participaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El 12 de septiembre, la Secretaría de Gobierno difundió un posicionamiento en el que aseguró que su actuación está orientada al diálogo, la mediación y la búsqueda de acuerdos.
La dependencia también rechazó las expresiones de violencia y afirmó que no promueve la confrontación como mecanismo para resolver diferencias.
Estos antecedentes corresponden a un episodio distinto de la denuncia presentada por Aracely Cruz.
Piden garantías de seguridad para legisladora y familiares
La representante federal espera que las autoridades correspondientes revisen los elementos que pretende entregar y determinen si es necesario establecer medidas de protección.
Su solicitud está dirigida principalmente a garantizar que pueda continuar con sus funciones sin poner en riesgo a sus familiares ni a su equipo de trabajo.
Las acusaciones contra Lucía Yasmín Torres Castillo deberán ser investigadas antes de establecer cualquier responsabilidad.
Mientras tanto, la diputada mantiene su petición de intervención federal y solicita que los señalamientos sean atendidos por las instituciones competentes.
El caso añade una nueva controversia a la administración de Oaxaca, aunque por ahora los hechos denunciados permanecen sujetos a esclarecimiento y no constituyen una responsabilidad comprobada de la funcionaria señalada.