Desde febrero de este año, el contratista del INE, José Alfredo Hernández Casillas, relacionado con la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, solicitó protección judicial ante el temor de que un juez emitiera una orden de aprehensión en su contra.
En su demanda, presentada el 9 de febrero mediante el bufete Hernández Barros, aseguró que siempre ha mantenido una buena reputación, respeta las leyes mexicanas y no ha cometido ningún delito. También manifestó su disposición para participar en cualquier investigación ministerial en la que pudiera estar relacionado.
José Alfredo Hernández señaló una visita policial a su domicilio
El empresario explicó que el 21 de enero, alrededor de las 12:00 horas, presuntos agentes de la policía ministerial acudieron a su domicilio particular, ubicado en avenida de Las Fuentes, en Jardines del Pedregal.
De acuerdo con lo expuesto en el documento, los agentes preguntaron por él y señalaron que contaban con una orden de aprehensión y otra de comparecencia en su contra. Sin embargo, al no encontrarlo en el inmueble, se retiraron sin dejar información adicional sobre los supuestos mandamientos judiciales.
La demanda de amparo, de la que Latinus obtuvo una copia, señala que José Alfredo Hernández desconocía qué autoridad había solicitado dichas órdenes, debido al sigilo con el que se manejan este tipo de procedimientos.
Solicitó información a jueces federales
Ante esta situación, el contratista pidió a distintos jueces federales de la Ciudad de México y del Estado de México que le informaran si existía alguna carpeta de investigación, línea de investigación, averiguación previa o expediente en el que apareciera como investigado, imputado, probable responsable, persona relacionada, indiciado o inculpado por algún delito.
Buscó protección contra posibles órdenes judiciales
Hernández solicitó la suspensión provisional y, en su caso, definitiva de cualquier orden de aprehensión o comparecencia que pudiera haberse girado en su contra.
Sus empresas, entre ellas Corporativo Zeg y Cajas Graf, han recibido contratos millonarios del INE y de organismos electorales locales.
Autorizó a cuatro abogados para su defensa
En febrero, el empresario autorizó como sus representantes legales a Julio Hernández, Julio Sicilia, Raúl Monzón y Jesús Fernández.