El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló al expresidente boliviano como presunto dirigente de una organización dedicada al tráfico de drogas desde Cochabamba. Además, lo relacionó con el financiamiento de las protestas que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El expresidente Evo Morales fue señalado por el Gobierno de Bolivia como presunto responsable de encabezar una organización relacionada con el narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba, región donde mantiene una importante presencia política y sindical.
Las acusaciones fueron realizadas el miércoles 11 de noviembre por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien aseguró que las actividades atribuidas al exmandatario también habrían permitido financiar las movilizaciones y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de 2026.
Evo Morales es señalado por presunta red de narcotráfico
Durante una entrevista con la emisora boliviana Erbol, el titular del Ministerio de Gobierno afirmó que Morales tendría influencia sobre las actividades vinculadas con la producción y comercialización de sustancias ilícitas en el Trópico de Cochabamba.
Oviedo sostuvo que el exmandatario, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, sería el principal dirigente de una estructura criminal que desarrolla sus operaciones desde esa región.
El funcionario también relacionó la presunta organización con el control territorial que, según sus declaraciones, ejerce Morales mediante su trayectoria política y sindical.
El Trópico de Cochabamba, también conocido como el Chapare, es una de las principales zonas productoras de hoja de coca del país sudamericano.
Sin embargo, la existencia de cultivos de coca en la región no demuestra por sí misma que sus productores participen en actividades de narcotráfico.
Las declaraciones del ministro constituyen acusaciones gubernamentales y no una sentencia judicial que establezca la responsabilidad del expresidente.
Gobierno relaciona al exmandatario con bloqueos de carreteras
Además de los señalamientos relacionados con drogas, Oviedo aseguró que desde el Trópico de Cochabamba se habrían enviado recursos económicos para sostener las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz.
Las movilizaciones se desarrollaron durante mayo y junio, cuando distintos sectores sociales realizaron manifestaciones y bloquearon carreteras para exigir la salida del mandatario.
De acuerdo con las autoridades, los cortes de rutas se prolongaron durante 53 días y provocaron afectaciones en diferentes regiones del país.
El ministro atribuyó parte de la organización y el financiamiento de esas acciones a grupos cercanos al expresidente.
No obstante, las autoridades deberán acreditar la procedencia de los recursos y la posible participación individual de las personas señaladas.
Ministro menciona más de ocho millones de bolivianos
Marco Antonio Oviedo aseguró que durante operativos policiales realizados en el periodo de protestas se detectaron movimientos de dinero procedentes del Trópico de Cochabamba.
Según el funcionario, las actuaciones permitieron identificar más de ocho millones de bolivianos que habrían salido de la región durante el conflicto.
El titular de Gobierno vinculó esos recursos con el sostenimiento de los bloqueos carreteros y las actividades desarrolladas por los manifestantes.
También señaló a sectores campesinos, entre ellos la federación Tupac Katari de La Paz, como posibles participantes en el financiamiento de las movilizaciones.
Sin embargo, la información difundida no incluyó documentación pública que permita verificar de manera independiente el destino de la totalidad de esos recursos.
Protestas contra Rodrigo Paz dejaron 16 fallecidos
Las movilizaciones de mayo y junio involucraron a organizaciones campesinas, integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores políticos afines al exmandatario.
Los participantes exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien responsabilizaban de no resolver los problemas económicos que enfrenta Bolivia.
Durante las jornadas de protesta se registraron interrupciones en distintas carreteras, lo que dificultó el traslado de personas, mercancías y servicios esenciales.
De acuerdo con el balance citado por las autoridades, el conflicto dejó 16 personas fallecidas, en su mayoría por dificultades para recibir atención médica debido a los bloqueos.
En medio de las manifestaciones, Morales planteó públicamente que el Gobierno debía decidir entre recurrir a las Fuerzas Armadas o convocar a nuevas elecciones en un plazo de 90 días.
El expresidente argumentó entonces que una salida política resultaba necesaria para evitar que continuaran registrándose víctimas.
Fiscalía investiga presuntos delitos de terrorismo
Las acusaciones del Gobierno se suman a una investigación penal abierta anteriormente contra Evo Morales por su presunta participación en las protestas.
La Fiscalía boliviana inició actuaciones por los posibles delitos de alzamiento armado y terrorismo, al considerar que el exmandatario habría tenido un papel en la organización de los bloqueos.
Dentro de ese procedimiento existe una orden de aprehensión contra Morales.
Las investigaciones buscan determinar si su participación en las movilizaciones constituyó alguna conducta delictiva conforme a la legislación del país.
Sin embargo, la existencia de una orden judicial no implica que las acusaciones hayan sido acreditadas mediante una sentencia definitiva.
Expresidente también enfrenta otra orden de captura
Morales tiene pendiente un procedimiento judicial distinto, relacionado con una investigación por presunta trata agravada de personas.
En ese expediente se le atribuye haber mantenido supuestamente una relación con una menor de edad cuando ejercía la Presidencia de Bolivia.
La denuncia también señala que de esa presunta relación habría nacido un hijo en 2016.
Debido a este proceso, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, acompañado por seguidores que mantienen una vigilancia constante en la zona para impedir su detención.
Mientras tanto, el Gobierno boliviano continúa formulando señalamientos sobre sus posibles vínculos con actividades ilícitas y con las movilizaciones registradas durante el año.
Las autoridades judiciales deberán determinar las responsabilidades correspondientes en cada expediente.
Las nuevas acusaciones contra Evo Morales mantienen abierta la controversia política y judicial en Bolivia, donde el exmandatario enfrenta investigaciones por distintos hechos y rechaza los señalamientos relacionados con el narcotráfico.