El sector empresarial y propietarios de viviendas, llevaron a cabo una rueda de prensa para expresar su preocupación y desacuerdo con la propuesta de reforma al Artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo.
Por: Jennifer Aguilera.
El sector empresarial y propietarios de viviendas, llevaron a cabo una rueda de prensa para expresar su preocupación y desacuerdo con la propuesta de reforma al Artículo 1003 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, así lo comentó Angélica Frías, presidenta de Coparmex Q. Roo.
Explicó que se busca incrementar de dos a tres el número de mensualidades impagas requeridas para proceder con una demanda de desocupación, siendo una reforma, que aparenta ofrecer mayor protección a los arrendatarios, en realidad propicia un entorno que favorece el incumplimiento y perjudica de manera injustificada los derechos de los propietarios.
La titular del Centro Empresarial Coparmex Quintana Roo, recalcó que los procesos judiciales de desahucio por naturaleza ya son procedimientos largos y complejos que, bajo la legislación actual, brindan amplias oportunidades para que los inquilinos regularicen su situación.
Riesgos económicos y legales para los propietarios
Permitir un plazo extendido de tres meses para el incumplimiento de pago no hace más que exacerbar los problemas existentes, alentando a los inquilinos a prolongar la ocupación sin cumplir con sus obligaciones financieras y haciendo más oneroso y dilatado el proceso de recuperación de la propiedad para el arrendador.
Esta situación resulta en un riesgo económico y legal significativo para los propietarios, quienes se verían forzados a soportar períodos más largos de incumplimiento de rentas y los costos asociados a procedimientos legales extendidos.
Consecuencias no Intencionadas
Además, tal reforma podría tener consecuencias no intencionadas como la disminución de la oferta de viviendas en alquiler, ya que los propietarios podrían ser más cautelosos a la hora de arrendar sus propiedades o aumentar el costo de las rentas para compensar el riesgo adicional.
Esto, a su vez, podría afectar negativamente el mercado inmobiliario y la economía local, por lo que hacen un llamado a la consideración y el equilibrio, a los miembros de la Legislatura a considerar cuidadosamente las repercusiones de esta reforma y a buscar un equilibrio más justo que proteja los derechos e intereses de todas las partes involucradas.