El Canciller venezolano informó que la oficina de Naciones Unidas tiene 72 horas para retirarse, tras el escándalo por la detención de un activista.
El gobierno venezolano ha anunciado de manera oficial la suspensión de las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en su territorio, ordenando a los 13 funcionarios que la componen abandonar el país en un plazo no mayor a 72 horas.
El canciller Yván Gil señaló que, además, se ha iniciado una revisión exhaustiva de los términos de cooperación técnica establecidos en el acuerdo firmado en 2019 con dicha oficina. La decisión fue motivada por lo que el gobierno venezolano describe como una actitud “colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas” por parte de los funcionarios de la ONU.
Esta medida se produce en un contexto de creciente preocupación por presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, especialmente tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel. San Miguel fue detenida bajo sospecha de estar involucrada en un presunto plan para atentar contra la vida del presidente Maduro.
El martes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la detención de San Miguel, calificando su situación como una posible desaparición forzada y exigiendo su liberación inmediata.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha rechazado las denuncias sobre supuestas violaciones al debido proceso en el caso de San Miguel, asegurando que existía una orden de aprehensión en su contra desde enero.
Las organizaciones de derechos humanos, junto con abogados y familiares de San Miguel, han denunciado que desde su detención el viernes pasado, la activista ha permanecido incomunicada y sin acceso a su equipo de defensa. Su arresto ha generado condenas tanto dentro como fuera del país sudamericano.
La abogada, presidenta de la organización Control Ciudadano, está acusada de participar en un supuesto complot para asesinar al presidente Maduro y a otros funcionarios, así como de atacar unidades militares.
Ante estos sucesos, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y el gobierno venezolano mantienen posiciones divergentes, lo que agrava la tensión entre ambas partes y profundiza la crisis diplomática en el país.
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