El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció un acuerdo con el Gobierno federal de Estados Unidos para mantener durante los próximos 30 años el alambre de púas instalado en la frontera con México, específicamente en terrenos no federales del sector Del Río.
El convenio establece que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Patrulla Fronteriza no podrán cortar, retirar, dañar, destruir ni interferir con la barrera colocada por autoridades texanas.
De acuerdo con Paxton, el acuerdo también contempla a funcionarios actuales y futuros, por lo que las restricciones permanecerán vigentes durante tres décadas.
El fiscal informó que el pacto incluye excepciones para situaciones de emergencia, como la atención de personas, la aprehensión y procesamiento de migrantes, la respuesta a amenazas graves para la seguridad pública o trabajos relacionados con la reparación de infraestructura fronteriza federal.
Autoridades deberán notificar a Texas si dañan el alambre
Entre las condiciones del acuerdo se establece que, si agentes federales realizan acciones que impliquen retirar o dañar la barrera, deberán notificar a las autoridades de Texas dentro de un plazo de 72 horas.
El estado también podrá intervenir para reparar el cerco cuando sea necesario, conforme a los términos establecidos en el convenio.
La medida busca limitar la intervención federal en las barreras instaladas en terrenos no federales dentro del área fronteriza señalada, aunque mantiene excepciones para operaciones de seguridad y atención de emergencias.
BREAKING: I secured a settlement to protect Texas’s border with concertina wire for up to 30 years. https://t.co/uZDwreFvu7
— Attorney General Ken Paxton (@KenPaxtonTX) November 19, 2026
La disputa comenzó durante el gobierno de Joe Biden
El conflicto legal entre Texas y el Gobierno federal comenzó en 2023, durante la administración del entonces presidente Joe Biden, luego de que agentes federales cortaran tramos del alambre de concertina colocado por el estado en la frontera, en la zona de Eagle Pass.
Ken Paxton presentó una demanda al considerar que las autoridades federales habían destruido propiedad estatal y que sus acciones interferían con las medidas implementadas por Texas para contener el flujo migratorio.
Durante el litigio, Texas obtuvo distintas resoluciones judiciales que limitaron las acciones de agentes federales sobre la barrera, aunque el caso enfrentó decisiones de tribunales federales y de apelación, así como intervenciones de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Con el nuevo acuerdo, las autoridades buscan poner fin a la disputa sobre la intervención federal en el alambre fronterizo y establecer reglas para su permanencia durante los próximos 30 años.
