El sector inmobiliario en México se encuentra en proceso de adaptación ante las nuevas disposiciones de la Ley Antilavado, que entrarán en vigor el próximo 30 de noviembre de 2026. Estas regulaciones buscan fortalecer los controles para prevenir el lavado de dinero en actividades relacionadas con inmuebles.
¿Qué implican las nuevas reglas?
Las nuevas Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita amplían las obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables, incluyendo ciertos actos de desarrollo e intermediación inmobiliaria. Además, incorporan evaluaciones de riesgos, manuales internos, capacitación y controles adicionales.
Responsabilidades de los profesionales inmobiliarios
Inmobiliarias, asesores independientes y personas físicas que participen en actividades vulnerables deben revisar y actualizar sus expedientes, manuales y procedimientos. Es fundamental verificar la identidad del cliente mediante la comprobación de la identificación y dejar constancia de la revisión, incluyendo quién realizó la verificación y cuándo.
El oficial de cumplimiento, como explicó David Merino Téllez, oficial de cumplimiento de AMPI Nacional, destacó que integrar una copia de la identificación no es suficiente; también se debe comprobar que la persona participa en la operación y que la identificación corresponde a ella.
Plazos y obligaciones específicas
El acuerdo establece que el 30 de noviembre de 2026 es la fecha general de entrada en vigor, pero algunas obligaciones tienen plazos diferenciados. Por ejemplo, el manual de políticas internas debe elaborarse en un plazo de 90 días tras el registro, y a partir del 1 de marzo de 2027, las empresas y asesores deben contar con un manual que incluya la evaluación de riesgos.
Asimismo, los mecanismos automatizados deberán implementarse a más tardar el 1 de junio de 2027, y el primer período de revisión de auditoría será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2028. Merino Téllez recomendó prepararse con anticipación y aprovechar el tiempo para capacitarse y ajustar los procedimientos.
Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento de las obligaciones puede acarrear sanciones económicas significativas. Según Merino Téllez, no presentar ciertos avisos puede implicar multas que superan el 1 millón de pesos, y las sanciones más altas pueden superar los 7 millones y medio de pesos.
El sector inmobiliario, incluyendo asesores y desarrolladores, debe estar atento a estos cambios para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de la normativa en un entorno cada vez más regulado.
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