El sistema tributario de Panamá ha quedado bajo la lupa tras la detención provisional de un hombre de 34 años, señalado por su presunta participación en la creación y transferencia de créditos fiscales ficticios en la plataforma e-Tax 2.0. Este caso, que involucra un perjuicio estimado en más de 21 millones de dólares contra la Dirección General de Ingresos (DGI), pone en evidencia los riesgos y desafíos que enfrenta la administración pública frente a manipulaciones tecnológicas.
Detalles de la investigación y la audiencia
La detención fue ordenada por la juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Clara Montenegro, durante una audiencia celebrada el 10 de septiembre. Al sospechoso se le imputaron delitos de corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada, ambos en calidad de autor.
Antes de dictar la medida, el Tribunal de Garantías declaró legal la aprehensión y el allanamiento excepcional, además de admitir la formulación de cargos. La investigación está a cargo de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, representada en la audiencia por la fiscal Elizabeth Carrión. La defensa fue asumida por la defensora pública Melissa Pineda.
Entre los riesgos procesales identificados por el tribunal figuran el peligro de fuga, la posible afectación de pruebas y el riesgo para la sociedad. La juez consideró que existen suficientes elementos para vincular al hombre con la investigación, aunque la imputación no constituye una sentencia y se mantiene la presunción de inocencia.
Modus operandi y alcance del perjuicio
La pesquisa inició en 2023, cuando el sospechoso presuntamente entregó dinero a funcionarios de la DGI a través de cuentas bancarias y otras modalidades de pago. A cambio, los funcionarios habrían intervenido la plataforma e-Tax 2.0 para incorporar créditos fiscales sin respaldo legítimo.
Los créditos fiscales son montos reconocidos a favor de un contribuyente y pueden utilizarse para compensar obligaciones tributarias. La creación de créditos ficticios reduce artificialmente los impuestos a pagar y puede ocasionar pérdidas directas al Estado, además de facilitar su transferencia o comercialización irregular.
- Perjuicio estimado: más de 21 millones de dólares contra la DGI.
- Plataforma involucrada: e-Tax 2.0.
- Delitos imputados: corrupción de servidores públicos y delincuencia organizada.
La información oficial no precisa cuántos funcionarios participaron, cuántas operaciones se realizaron ni quiénes se beneficiaron de los créditos. Estos detalles deberán establecerse conforme avance la investigación patrimonial, bancaria y tecnológica.
Comparación con otros casos y antecedentes
Este proceso no corresponde al denominado caso Pandora, aunque ambos comparten el mecanismo de manipulación de la plataforma tributaria para crear y transferir créditos fiscales irregulares. En el caso Pandora, las pesquisas se han centrado en presuntas alteraciones en e-Tax 2.0 y un perjuicio estimado en alrededor de 40 millones de dólares.
Otros expedientes, como E-Tax 2.0 y Publicano, también han puesto bajo escrutinio la seguridad de la plataforma de la DGI. Cada expediente presenta hechos, participantes y montos diferentes, aunque coinciden en el aprovechamiento de accesos internos y controles insuficientes para modificar registros tributarios.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha advertido que la manipulación del sistema afecta no solo las finanzas públicas, sino también la seguridad jurídica y la confianza de los contribuyentes. El gremio plantea la necesidad de fortalecer los controles y revisar los permisos internos.
Desafíos para la justicia y próximos pasos
El Ministerio Público deberá reconstruir la ruta del dinero presuntamente entregado a funcionarios, identificar las modificaciones en la plataforma y determinar quiénes aprovecharon los créditos. También tendrá que demostrar la existencia de una organización con división de funciones, requisito para sostener la imputación por delincuencia organizada.
La detención provisional no implica culpabilidad, pero permite mantener al investigado privado de libertad mientras se recopilan pruebas. El caso resalta la vulnerabilidad de los sistemas que administran recursos públicos y la necesidad de que los accesos, cambios y autorizaciones sean auditables y verificables en tiempo real.
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