La asociación SpainDC ha advertido sobre el riesgo que enfrenta el sector de centros de datos en España debido a la propuesta de un nuevo real decreto. El proyecto, impulsado por el Gobierno, podría poner en juego 9.000 millones de euros en inversiones, según la propia asociación, lo que ha generado inquietud entre los actores internacionales interesados en el mercado español.
El impacto de la normativa propuesta
El real decreto, desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública, exige que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo energético cada hora de funcionamiento mediante nueva generación renovable. Esta condición, según SpainDC, podría frenar proyectos clave.
La asociación señaló que tres empresas internacionales han paralizado sus planes para invertir en infraestructuras de datos en España, a la espera de la resolución de esta normativa. Estos proyectos representan el 15% de los 66.900 millones de euros previstos en inversiones hasta 2030 para el país.
Reacciones del sector y peticiones al Gobierno
Emilio Díaz, presidente de SpainDC, ha solicitado al Ejecutivo español abrir un diálogo sobre la regulación, subrayando que el sector desconocía los detalles del decreto y que el contenido incluía elementos que calificó como “muy graves” para la industria. Díaz lamentó que, pese a solicitar una reunión desde el inicio, solo se les haya remitido a presentar alegaciones y que aún no exista un encuentro agendado.
Por su parte, Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, expresó que si bien existe disposición para negociar, “lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa”. Villacís también sostuvo que desde que se conoció la propuesta, el mercado español se percibe como el “menos atractivo” de Europa, y calificó los efectos de la medida como “devastadores”.
Un sector unido frente a la regulación
SpainDC ha presentado sus alegaciones al proyecto, respaldadas por más de 300 socios del sector. Según Villacís, la oposición al real decreto es unánime entre los actores involucrados, quienes consideran que la normativa genera una sensación de inseguridad jurídica inadmisible.
El debate sobre la sostenibilidad energética y la resiliencia digital se ha intensificado en Europa. En este contexto, la situación en España resalta por la magnitud de las inversiones en juego y la reacción del sector ante posibles cambios regulatorios.
Contexto internacional y desafíos regulatorios
La discusión sobre la regulación de centros de datos y sostenibilidad energética no es exclusiva de España. Otros países europeos también enfrentan retos similares en la búsqueda de equilibrio entre atracción de inversiones y cumplimiento de objetivos medioambientales. Para conocer más sobre cómo la regulación y la innovación tecnológica impactan en la economía global, puedes consultar este análisis sobre riesgos tecnológicos.
La resolución de este conflicto será clave para definir el atractivo de España como destino de inversiones en centros de datos en los próximos años, así como para el desarrollo de la infraestructura digital nacional.