Los miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores tomaron juramento a 5 chicas y 15 chicos como miembros, a los que “armaron” para cuidar de su comunidad.
En un acto inusual y marcado por la necesidad, niñas y niños de entre 11 y 15 años en el municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero, han tomado las armas para salvaguardar su comunidad. Este acontecimiento ocurrió durante la toma de protesta de 5 niñas y 15 niños como miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en la comunidad indígena Ayahualtempa.
La CRAC-PF ha armado a estos jóvenes con rifles calibre 22, escopetas de diversos calibres, e incluso pistolas, como parte de su capacitación para unirse a la búsqueda de una familia indígena desaparecida el 19 de enero. La decisión de incorporar a menores a esta acción fue tomada en una asamblea ante el aumento de la violencia en la región, atribuida al grupo delictivo Los Ardillos.
La familia desaparecida, compuesta por Cecilia Gaspar Hernández (50 años), José Teodoro Domingo Ortiz (52 años), y sus hijos Roberto y Gaudencio (30 y 22 años respectivamente), fue secuestrada mientras pastoreaban su ganado en Zacatepec.
Durante el evento, las niñas y niños realizaron movimientos de entrenamiento armado en la cancha deportiva del poblado, evidenciando la urgencia de enfrentar la violencia que afecta la región. Luis Morales Rojas, miembro de la CRAC-PF, solicitó el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para localizar a la familia indígena.
La CRAC-PF aseguró que la actuación de su policía comunitaria es legal, respaldada por diversas leyes y tratados, incluyendo la Constitución mexicana, la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena, y el Convenio 169 de la OIT. Exigieron respeto a su labor y solicitaron a las autoridades municipales, estatales y federales respaldo con agentes de seguridad.
Esta no es la primera vez que menores se integran a la Policía Comunitaria en esta región, evidenciando la falta de garantías de seguridad y la constante denuncia de inseguridad y violencia. En este contexto, la CRAC-PF reiteró la legitimidad de su actuación y solicitó respaldo para mantener la paz en la zona.
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