El Gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la resolución del 10 de septiembre que suspendió la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de ciertos españoles nacionalizados bajo la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ‘ley de nietos’. Esta medida puede afectar a cerca de 170.000 ciudadanos que podrían verse sin poder ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.
Contexto de la medida cautelar
La resolución del Tribunal Supremo estableció una serie de medidas cautelares que suspenden la inscripción en el CERA de españoles que adquirieron la nacionalidad mediante la disposición adicional octava de la ley. La Abogacía del Estado argumenta que esta decisión puede implicar la suspensión del derecho al sufragio de aproximadamente 168.896 personas, a fecha del 31 de agosto de 2026.
Argumentos del Gobierno y análisis técnico
El recurso del Estado sostiene que el incremento del censo exterior no debe considerarse un riesgo para el proceso electoral, ya que la adquisición de la nacionalidad lleva consigo el derecho de sufragio. Además, la diferencia entre los 168.896 inscritos en el CERA tras adquirir la nacionalidad en virtud de la ley y los 369.017 nuevos electores, según la misma disposición, cuestiona la base del auto del Supremo.
Implicaciones prácticas y revisión de expedientes
La suspensión afecta la inscripción en el CERA de quienes hayan obtenido la nacionalidad mediante la presunción prevista en la instrucción de 2022, lo que requiere una revisión individual de expedientes en las consuladas. La tarea, que involucra a 172 oficinas consulares, podría extenderse hasta 2027, dificultando la conclusión antes del cierre del censo electoral para las elecciones de mayo de 2027.
Reacciones políticas y posibles consecuencias
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado la “arbitrariedad” y la falta de garantías en el proceso de nacionalización impulsado por la ley. La situación genera preocupación por la posible suspensión del derecho al voto de españoles que, aunque mantienen su nacionalidad, podrían no poder participar en los comicios hasta que se resuelva la revisión.
