La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, donde se aprobó por mayoría de votos la reforma al artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, relacionada con el sistema de nulidad de las elecciones locales.
La modificación busca armonizar la legislación estatal con la reciente reforma federal en materia electoral, fortaleciendo los mecanismos de protección de la soberanía popular y la legitimidad de los procesos democráticos.

Injerencia extranjera será causal de nulidad electoral
Con esta reforma constitucional, se incorpora como nueva causal de nulidad de elecciones locales la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.
Las autoridades explicaron que la medida tiene como finalidad garantizar la libre determinación de la ciudadanía y proteger la voluntad popular expresada en las urnas.
Ana Paty Peralta destacó que estas acciones fortalecen los derechos democráticos de las y los ciudadanos, al establecer herramientas jurídicas que permitan preservar la legalidad de los procesos electorales.
La nulidad electoral seguirá siendo una medida excepcional
La reforma establece que la nulidad de una elección únicamente podrá aplicarse cuando los actos de intervención extranjera sean acreditados y resulten graves, dolosos y determinantes para el resultado final de la votación.
De esta manera, se mantiene el carácter excepcional de la nulidad electoral, evitando interpretaciones arbitrarias o afectaciones injustificadas a los procesos democráticos.
Reforma será enviada al Congreso de Quintana Roo
El acta aprobada durante la sesión será remitida a la XVIII Legislatura del Estado de Quintana Roo para continuar con el procedimiento legislativo correspondiente.
Una vez concluido el proceso legal, la reforma entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del Estado.
Además, el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y el Tribunal Electoral de Quintana Roo deberán revisar y adecuar sus disposiciones reglamentarias para garantizar la correcta aplicación del nuevo marco constitucional.
