La responsabilidad en casos donde la inteligencia artificial (IA) comete un delito es un tema complejo y en plena discusión legal. La ley penal actual no atribuye responsabilidad a la IA, sino que centra su análisis en las conductas humanas que la diseñaron, supervisaron o utilizaron.
La tipicidad y la responsabilidad en delitos con IA
Lo primero que debe determinarse en un caso de delito cometido por IA es si la conducta encaja exactamente en un delito tipificado en la ley penal. La ley argentina, por ejemplo, requiere que exista una conducta humana, tipos penales claros y un nexo causal entre la acción y el resultado.
El autor sostiene que la IA puede ejecutar una conducta material, pero no es una persona ni un sujeto con capacidad de culpabilidad. Por ello, no puede ser imputada penalmente bajo el marco legal vigente.
¿Quién puede ser responsable?
La responsabilidad recae en quienes diseñaron, autorizaron, supervisaron o dejaron funcionar el sistema de IA. La discusión se centra en determinar qué conocimiento tenían esas personas y qué medidas pudieron haber tomado para evitar el daño.
Es fundamental analizar aspectos como la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y el nexo causal, para establecer si la conducta puede ser atribuida a un individuo o a una organización.
Responsabilidad de las empresas y la futura legislación
El proyecto de ley PE-193/26 propone crear la figura de la “Sociedad Automatizada”, que respondería patrimonialmente por daños causados por sus sistemas. Sin embargo, esto no implica responsabilidad penal automática, sino un análisis separado para identificar quién intervino y qué conocía.
La ley 27.401 ya establece responsabilidad penal para las personas jurídicas en delitos específicos, pero no convierte a las empresas en responsables por todos los delitos. La regulación de la IA y su responsabilidad penal aún está en discusión y requiere reglas claras para evitar culpabilidades automáticas.
El desafío de la IA autónoma y la prevención
La llamada IA agéntica, que recibe objetivos y ejecuta acciones de forma autónoma, plantea nuevos desafíos en la prevención penal. La revisión debe centrarse en permisos, controles, validaciones humanas y mecanismos de detención, no solo en el texto producido por el sistema.
Es importante recordar que la autonomía tecnológica no equivale a autonomía penal. La responsabilidad sigue recayendo en las personas que diseñaron, supervisaron o usaron la IA.
Para más información sobre el impacto legal de la inteligencia artificial, puedes consultar el caso de la ley de nietos.