La conducción bajo los efectos del alcohol ahora es considerada un delito penal en Quintana Roo, con penas de cárcel.
Quintana Roo ha implementado un cambio significativo en su legislación, convirtiendo la conducción bajo los efectos del alcohol en un delito penal en lugar de una falta administrativa. Esta medida tiene como objetivo principal reducir los índices de accidentes viales ocasionados por conductores ebrios. Sin embargo, desde la Barra de Abogados de la Riviera Maya se plantea la importancia de evitar una sobreregulación en este tema.
Leopoldo Cruz Navarro, presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya, ha destacado la necesidad de establecer mesas de diálogo ciudadano con los diputados para acordar las sanciones correspondientes. También se ha mencionado la importancia de abordar los temas relacionados con los costos de las grúas y el pago de multas.
Si bien se reconoce que esta medida busca generar una mayor conciencia entre los conductores y disminuir los accidentes viales causados por la conducción bajo los efectos del alcohol, Cruz Navarro hace hincapié en la necesidad de evaluar las sanciones económicas asociadas. Considera que el conductor detenido no solo debería ser remitido al ministerio público para cumplir el arresto, sino que el vehículo debería ser entregado a una persona sobria para evitar la doble sanción de tener que pagar los gastos de corralón.
Es fundamental tener en cuenta esta situación para evitar que el enfoque se centre únicamente en la recaudación de fondos. Por lo tanto, se requiere la creación de comisiones ciudadanas en colaboración con los diputados y representantes municipales para evitar una sobrerregulación y asegurar que las sanciones sean justas y proporcionales.
La Asociación Mexicana de Agencia de Turismo Receptivo (Amatur) ha expresado su rechazo a estos cambios en la legislación. Consideran que la reforma al artículo 186 del Código Penal de Quintana Roo es una aberración, ya que no busca prevenir, sino recaudar fondos. Advierten que si no se corrigen los aspectos problemáticos, se generarán situaciones de extorsión.
Sergio González Rubiera, presidente de Amatur, señala que si bien es necesario sancionar a quienes conducen bajo los efectos del alcohol o drogas, se deben proponer medidas lógicas que no fomenten la extorsión. Critica el hecho de que, según los nuevos criterios, alguien que consuma dos copas de vino en un restaurante pueda ser considerado “embriagado” y enfrentar una pena de dos años de prisión por una falta considerada gravísima.