La responsabilidad estatal por accidentes en espacios públicos vuelve a estar en el centro del debate tras la reciente confirmación de una condena contra una municipalidad del oeste del Gran Buenos Aires. El caso involucra a una vecina de 67 años que sufrió una fractura en el hombro al caer en las escaleras de un túnel peatonal, generando un fallo que ajustó indemnizaciones y revisó los alcances del seguro.
Detalles del accidente y proceso judicial
El incidente ocurrió el 20 de abril de 2017, cerca de las 18.30, cuando la mujer descendía por las escaleras de un túnel peatonal. Según la resolución judicial, tropezó y cayó por varios escalones debido al mal estado de uno de los peldaños, lo que le provocó una fractura en el hombro derecho. Fue atendida en un hospital interzonal, donde permaneció inmovilizada durante cuarenta y cinco días.
En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.° 1 de Morón condenó solidariamente a la municipalidad y a la aseguradora a pagar sumas por incapacidad y daño moral, incluyendo actualizaciones e intereses. Tanto la comuna como la compañía de seguros apelaron, cuestionando la responsabilidad y los montos fijados.
Pruebas y fundamentos de la sentencia
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó la condena, fundamentando que la responsabilidad estatal por falta de servicio es objetiva. El tribunal sostuvo que la municipalidad tenía la obligación de mantener en condiciones adecuadas los bienes de dominio público bajo su jurisdicción, como las escaleras del túnel donde ocurrió la caída.
El tribunal valoró especialmente los testimonios de dos testigos presenciales, quienes relataron cómo la afectada cayó y fue auxiliada. Una de ellas describió que el metal al final de los escalones estaba “doblado y en mal estado”, lo que coincidía con las fotografías aportadas por la demandante.
El informe pericial médico determinó que la vecina sufrió una fractura en el húmero derecho, con una incapacidad física parcial y permanente del 10 por ciento. Por su parte, el perito ingeniero realizó su evaluación en 2023, más de seis años después del hecho, cuando ya se habían hecho remodelaciones y el acceso al túnel estaba vallado. La Cámara consideró que este dictamen tenía valor limitado para reconstruir el estado de las escaleras en 2017.
Modificaciones en la indemnización y criterios de interés
La sentencia de la Cámara revocó la indemnización por daño moral, ya que la demandante no lo reclamó de forma específica ni presentó pruebas para acreditarlo. Así, dejó sin efecto la suma de 1.500.000 pesos por ese concepto.
En cuanto a la indemnización por incapacidad, se confirmó el monto de 4.500.000 pesos fijado en primera instancia, considerando el porcentaje de incapacidad, el tipo de lesión y las circunstancias personales de la reclamante.
Respecto a los intereses, la resolución aplicó un interés puro del 6 por ciento anual desde la fecha del hecho hasta la sentencia de primera instancia, y luego la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a plazo fijo a treinta días.
Alcances del seguro y costas procesales
La Cámara estableció que la aseguradora responde dentro de los límites del contrato de seguro, pero estos deben actualizarse al valor real y actual de la garantía comprometida, siguiendo los parámetros de la Suprema Corte provincial. Esto busca evitar que la suma asegurada pierda sentido ante la desvalorización monetaria y equilibrar la protección de los damnificados con la finalidad social del seguro.
La municipalidad deberá responder por cualquier suma que supere el límite actualizado de la póliza. Las costas del proceso de apelación se impusieron en el orden causado, debido al progreso parcial y recíproco de ambos recursos, y la regulación de honorarios quedó para una etapa posterior.
Responsabilidad estatal en accidentes públicos
Este caso subraya la importancia de la responsabilidad estatal en el mantenimiento de espacios públicos y la necesidad de pruebas sólidas para fundamentar reclamos de indemnización. La resolución también marca criterios sobre la actualización de sumas aseguradas y el alcance de los intereses aplicables en este tipo de litigios.
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