El Gobierno Federal avanza en la adquisición de terrenos para el Tren Maya, incluyendo nuevas expropiaciones en el Ejido Nuevo Xcan y El Ramonal, mientras enfrenta problemas de venta ilegal de terrenos en Chetumal.
El proceso de expropiaciones en Quintana Roo avanza conforme al desarrollo del proyecto del Tren Maya, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El 13 de agosto, el Gobierno Federal autorizó la expropiación de 13 hectáreas ubicadas en el Ejido Nuevo Xcan, en el municipio de Lázaro Cárdenas. El monto de la indemnización para esta área será de 6.9 millones de pesos, con el objetivo de utilizarla para el proyecto ferroviario a favor del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Además, se expropió un predio de menos de una hectárea en el Ejido El Ramonal, en el municipio de Othón P. Blanco. La compensación por este terreno será de 86 mil pesos. Ambos terrenos se destinarán a la construcción y operación del Tren Maya y sus obras complementarias, específicamente en el Tramo 7, que abarca de Chetumal a Escárcega.
Estas acciones siguen a una expropiación anterior en mayo de 2024, cuando se ordenó la adquisición de 6.1 hectáreas en el ejido El Tintal, también en Lázaro Cárdenas. Esta área se utilizará para la construcción de una subestación del Tren Maya en el tramo 4 del proyecto. La compensación para estas tierras comunes será de dos millones 453 mil 237 pesos, según la valuación realizada.
Mientras tanto, el impacto del Tren Maya también ha desencadenado problemas relacionados con la venta ilegal de terrenos en la zona noroeste de Chetumal. El 11 de agosto se reportó un aumento en la invasión de tierras en esta área, justo detrás del CBTA 11, impulsado por la especulación generada por la proximidad al Parque Quintana Roo y a la Terminal del Tren Maya.
En menos de un año, cerca de 400 familias se han asentado en la zona, estableciendo tres nuevas colonias: López Obrador, Maya y Ferrocarriles. Estas colonias están involucradas en la venta de lotes en preventa con precios que varían entre 400 mil y 1.2 millones de pesos, una actividad que ha generado preocupación entre las autoridades locales y los desarrolladores del proyecto.
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