Laura Fernández Piña, exalcaldesa de Puerto Morelos y excandidata a gobernadora de Quintana Roo, enfrenta una grave acusación: presunto desvío de recursos por más de 78 millones de pesos .
El caso ha escalado rápidamente de lo administrativo a lo penal, y ha generado una orden de aprehensión en su contra.
Orden de aprehensión: ¿por qué se giró y qué significa?
El Juez de Control Ramón Jesús Aldaz Bencomo , con sede en Chetumal, emitió la orden de aprehensión como parte de un proceso penal abierto por la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo .
Esta medida se tomó al considerar que había suficientes elementos para presumir un acto de corrupción y daño al erario .
Esta orden de captura no se ha ejecutado , ya que Fernández Piña logró un amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Cancún.
Para obtener la suspensión provisional , tuvo que pagar una fianza de 127 mil pesos , lo que le permite afrontar el proceso en libertad mientras se resuelve su situación legal.
¿Está en riesgo de ser detenido?
Sí, Laura Fernández aún puede ser detenida, la suspensión que se obtuvo es temporal , y será el 29 de abril cuando el juez federal decida si se le otorga la protección definitiva o si se reactiva la orden de aprehensión.
Si el fallo no le favorece, podría quedar nuevamente expuesto a ser arrestado.
¿Quién es Laura Fernández Piña?
Laura Fernández es una figura reconocida en la política de Quintana Roo. Fue presidenta municipal de Puerto Morelos , diputada federal y candidata a gobernadora en 2022, su trayectoria la colocó como una de las mujeres con mayor visibilidad en la escena política del estado.
Sin embargo, su carrera dio un giro radical en 2024, cuando comenzó a salir a la luz señalamientos por manejo indebido de recursos durante su administración municipal.
¿De qué se le acusa?
La acusación principal contra Laura Fernández es el presunto desvío millonario de recursos públicos durante su gestión como alcaldesa. La cifra mencionada en el expediente es impactante: 78 millones de pesos .
Según los documentos oficiales, estos fondos estaban destinados al IMSS como parte de las aportaciones de seguridad social para los trabajadores del Ayuntamiento de Puerto Morelos.
Sin embargo, se señala que estos recursos no fueron entregados al instituto . En su lugar, supuestamente se utilizaron para cubrir otras necesidades operativas del municipio durante la pandemia de COVID-19.
¿Qué dice ella?
Laura Fernández no ha guardado silencio, en sus redes sociales explicó que durante la pandemia priorizó el pago de nóminas para que ningún trabajador se quedará sin ingresos , lo que habría afectado el cumplimiento de otras obligaciones, como las aportaciones al IMSS.
Según sus declaraciones, la crisis económica llevó a tomar decisiones difíciles y, aunque reconoce la existencia del adeudo, niega haber cometido un delito.
¿Qué otras sanciones enfrenta?
Además de la orden judicial, Fernández fue inhabilitada por 20 años para ejercer cargos públicos. Esta sanción deriva de varias denuncias administrativas presentadas por la actual administración de Puerto Morelos. Aunque esta inhabilitación no implica cárcel, sí representa una severa consecuencia política y reputacional .
¿Por qué este caso es importante?
Este proceso marca un precedente en el combate a la corrupción en Quintana Roo , especialmente en el nivel municipal. La transición de una auditoría administrativa a un proceso penal demuestra que las autoridades están tomando con mayor seriedad los actos que afectan el patrimonio público.
También es un caso que ha captado la atención de los medios y la sociedad por tratarse de una figura con alta visibilidad, lo que envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley .
¿Qué puede pasar ahora?
Hay varios escenarios posibles:
-
Si se le concede el amparo definitivo , Fernández podrá seguir el proceso en libertad y posiblemente evitar la cárcel.
-
Si el juez revoca la suspensión , la Fiscalía podrá ejecutar la orden de aprehensión en cualquier momento.
-
En caso de avanzar el proceso penal y comprobarse el delito, la pena podría incluir prisión y la obligación de resarcir el daño patrimonial .
El caso de Laura Fernández, se trata de un proceso judicial complejo que involucra temas administrativos, éticos y penales. Por ahora, la exfuncionaria ha logrado frenar su captura, pero el desenlace dependerá de lo que suceda en las próximas semanas.