Política
Pendientes en la SCJN: Tres demandas clave de Quintana Roo por resolver en 2025
El máximo tribunal del país deberá abordar casos fundamentales relacionados con leyes de asentamientos humanos, derechos civiles y delitos en Quintana Roo antes de que varios de sus ministros concluyan funciones.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene programada la resolución de tres demandas de invalidez que involucran a autoridades y legislaciones de Quintana Roo. Estas acciones incluyen dos casos de inconstitucionalidad y una controversia constitucional, los cuales deberán resolverse en 2025, durante el primer semestre, antes de que los actuales ministros concluyan sus funciones.
El receso de fin de año para el Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzará el próximo 16 de diciembre y las actividades se reanudarán el 2 de enero. Sin embargo, la carga de trabajo en el máximo tribunal es significativa, especialmente considerando las renuncias recientes de ocho ministros, quienes finalizarán sus periodos el 31 de agosto de 2025. Dentro de esta agenda, los casos relacionados con Quintana Roo destacan por su relevancia.
El primero de los asuntos es una controversia constitucional presentada en octubre del año pasado por el municipio de Solidaridad. En este caso, se impugnan diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley de Acciones Urbanísticas y la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La demanda, presentada por Adrián Armando Pérez Vera en su calidad de apoderado legal del ayuntamiento, quedó registrada en el expediente 471/2023 y fue turnada al pleno para su análisis en septiembre de este año.
Por otra parte, el expediente 29/2024 se refiere a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el decreto 181, el cual reforma el Código Civil del estado. Esta reforma incluye disposiciones que prohíben el matrimonio para personas con enfermedades irreversibles, una medida que la CNDH busca invalidar por considerar que vulnera derechos fundamentales.
El tercer caso, radicado bajo el expediente 113/2024, aborda una acción de inconstitucionalidad relacionada con el Código Penal de Quintana Roo. En específico, se busca impugnar un artículo que sanciona la recepción de objetos empeñados provenientes de actividades ilícitas. Este proceso fue ingresado al pleno el mes pasado y es uno de los temas prioritarios en la lista de asuntos pendientes de la Corte.
Estos casos reflejan temas cruciales que afectan tanto la administración pública como los derechos civiles en Quintana Roo. Las resoluciones que emita la Suprema Corte en estos asuntos tendrán implicaciones significativas para el marco legal y social del estado, marcando un importante precedente en temas de ordenamiento territorial, derechos humanos y justicia penal.
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