Política
Aprobada reforma constitucional para eliminar organismos autónomos: un cambio en el diseño institucional de México
El Senado dio luz verde a la iniciativa que transfiere funciones de organismos autónomos al Ejecutivo, generando un intenso debate sobre autonomía, transparencia y centralización.
El Senado mexicano aprobó en lo general y en lo particular la reforma constitucional que elimina organismos autónomos y transfiere sus atribuciones a diversas dependencias del Gobierno. Esta iniciativa, planteada originalmente en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo 86 votos a favor y 40 en contra, reflejando un claro respaldo de la mayoría oficialista.
El dictamen será ahora remitido a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México para su análisis y eventual aprobación antes de su publicación oficial, en un proceso que podría definir la reestructuración del marco institucional del país.
La reforma, calificada como una “simplificación orgánica”, se centra en centralizar las funciones de órganos clave en sectores como telecomunicaciones, competencia económica, transparencia y energía. Entre los organismos que desaparecerán están el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sus competencias serán asumidas por dependencias del Ejecutivo, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Economía.
Además, se extinguirán instituciones como el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, y las tareas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) serán transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el ámbito energético, las disposiciones relativas a órganos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) también serán eliminadas, otorgando al Ejecutivo mayor control en la regulación técnica y económica del sector.
El debate en torno a esta medida ha sido polarizante. Por un lado, los defensores argumentan que la reforma reducirá costos al eliminar duplicidades y fortalecerá la gobernanza pública. Por otro lado, críticos desde la oposición y organizaciones civiles han expresado su preocupación por lo que consideran una concentración excesiva de poder en el Ejecutivo, alertando sobre posibles riesgos a la autonomía institucional, la transparencia y el acceso a la información.
En cuanto a las áreas estratégicas como el litio y la generación eléctrica, se contempla un fortalecimiento del papel gubernamental, mientras que en competencia económica, el Ejecutivo asumirá la responsabilidad de investigar y sancionar prácticas monopólicas, además de regular los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión. La implementación de estos cambios requerirá leyes secundarias que deberán ser aprobadas por el Congreso en un plazo de 180 días.
La reforma también establece que los recursos obtenidos mediante la desaparición de los organismos autónomos serán destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar, mientras se garantiza que los derechos laborales de los trabajadores afectados sean respetados.
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