Desde 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó vínculos entre el senador Antonino Morales Toledo y actividades relacionadas con el robo de hidrocarburo en Oaxaca. La información revela una historia de sospechas y vínculos con grupos delictivos que se extendieron durante años.
Antecedentes de las sospechas de la Sedena
En febrero de 2019, la Sedena produjo un documento en el que señalaba que Emilio Montero Pérez, entonces por asumir la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, tenía presuntos vínculos con una banda dedicada al huachicol en San Blas Atempa. En ese momento, la alcaldía era encabezada por el ahora senador morenista Antonino Morales Toledo.
Relaciones y vínculos políticos y delictivos
El informe de la Sedena, consultado por Proceso, detallaba que Montero Pérez contaba con un historial que incluía relaciones con la clase política oaxaqueña, incluyendo al actual gobernador de Morena, Salomón Jara Cruz. Pese a estas sospechas, Montero Pérez continuó su carrera política, llegando a presidir el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Por su parte, Antonino Morales Toledo también fue señalado en el mismo documento por su posible participación en actividades ilícitas. Tras su paso por cargos como secretario de Administración de Oaxaca y su actual puesto como senador desde 2024, las investigaciones y sospechas persistieron, incluso en medio de procesos judiciales y congelamiento de cuentas bancarias en 2020.
Implicaciones en la política y el crimen organizado
El informe de la Sedena también identificaba a otros actores vinculados con actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec, como grupos dedicados a extorsión y tráfico de personas. Sin embargo, en los archivos militares no aparecen registros sobre un grupo llamado “Los Cromos”, sino de otros grupos y líderes relacionados con el CJNG y sus operaciones en la región.
El caso de Emilio Montero Pérez y su relación con actividades ilícitas y políticos de Oaxaca refleja la complejidad de las conexiones entre crimen organizado y la clase política en la región, una problemática que ha sido señalada por diversas instancias y medios de comunicación.