En México, el patrimonio de generaciones se encuentra en casas, terrenos y locales, pero los registros incompletos complican su aprovechamiento y la recaudación. La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, publicada el 23 de octubre, presenta una oportunidad para ordenar esta información y brindar certeza jurídica.
Aspectos clave de la nueva ley
La ley introduce una clave de identificación de inmuebles y una cédula que vincula las características físicas de las propiedades con su situación jurídica. Conectar catastros y registros puede reducir duplicidades, facilitar trámites e identificar propiedades que actualmente quedan fuera de la base tributaria.
Desafíos en la valuación de propiedades
Sin embargo, modernizar el catastro también plantea la necesidad de discutir cómo se valúan las propiedades. La ley no establece que los valores catastrales deban equipararse con los comerciales ni aumenta automáticamente el predial. Las bases y tasas siguen sujetas a disposiciones locales.
Debate en el Valle de México
El debate sobre la actualización de registros ya está presente en el Valle de México. Un proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana propuso, para una fase posterior, actualizar los registros para acercar los valores de los inmuebles a los de mercado. Esta propuesta está en discusión y requeriría decisiones locales.
Lecciones de otros lugares
Texas ofrece un ejemplo útil, donde los distritos de valuación estiman el valor de las propiedades y las autoridades tributarias fijan las tasas. Generalmente, la valuación corresponde al precio de mercado, pero el incremento anual del valor gravable de las viviendas elegibles se limita al 10%, sin contar nuevas mejoras.
La importancia de la legitimidad en el cobro
Es esencial que el predial se traduzca en mejoras visibles donde se recauda. Para quienes pagan cantidades elevadas y encuentran deficiencias en servicios públicos, la promesa de fortalecer las finanzas locales resulta insuficiente. Una opción sería establecer que una proporción de la recaudación regrese a las comunidades que la generan.
México tiene la oportunidad de realizar una transformación fiscal profunda, pero su legitimidad dependerá de que los contribuyentes comprendan cómo se valúan sus propiedades y puedan defender sus derechos.