Greenpeace México, junto con la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y otras organizaciones civiles, denunció este lunes que el derrame de petróleo detectado a principios de marzo en las costas de Veracruz y Tabasco continúa extendiéndose, con impactos severos en los ecosistemas y en las comunidades de las zonas afectadas, pese a que el gobierno federal declaró concluidas las labores de contención hace más de una semana.
El derrame que Greenpeace no deja pasar por alto
Según el comunicado conjunto firmado por la Red Corredor Arrecifal y diversas organizaciones, entre ellas Greenpeace, el hidrocarburo derramado ha impactado ya más de 630 kilómetros de litoral, una extensión que abarca prácticamente la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta Paraíso, en Tabasco.
Los primeros reportes de chapopote en las playas de Tamiahua, Tuxpan y Cazones, en el norte de Veracruz, se registraron desde el 1 de marzo. Tres semanas después, la situación dista mucho de estar resuelta, según las organizaciones ambientalistas que monitorean la zona de forma independiente.
La versión oficial: contención lograda, limpieza en marcha
El 16 de marzo, el Gobierno mexicano informó que las labores de contención del derrame habían concluido y que los trabajos de limpieza continuaban en la zona marítima donde se detectó inicialmente el vertido. De acuerdo con las cifras oficiales, se recolectaron 91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo, almacenados en celdas temporales habilitadas para su manejo adecuado.
Por su parte, Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló en un comunicado del 19 de marzo que las labores de limpieza registraban un avance aproximado del 85 por ciento.
Lo que revelan los registros independientes
Sin embargo, la realidad documentada por la Red del Corredor Arrecifal y las propias comunidades afectadas cuenta una historia diferente. De acuerdo con sus registros, un total de 26 sitios no han recibido ningún tipo de atención oficial. En nueve de ellos, la limpieza ha sido realizada exclusivamente por los habitantes de las comunidades; en ocho sitios, las labores han sido compartidas entre autoridades y vecinos; y en otros ocho, ha sido Pemex quien ha intervenido de forma directa.
La crisis social detrás del desastre ambiental
Las organizaciones subrayaron que la emergencia no es únicamente ambiental, sino que presenta una dimensión social de alta gravedad. De manera particular, señalaron la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades pesqueras, indígenas y afrodescendientes, cuyos integrantes han realizado labores de limpieza sin contar con el equipo de protección ni la capacitación adecuados, poniendo en riesgo su salud.
Esta situación, advirtieron, exige acciones de atención a la emergencia que van más allá de la limpieza física del litoral y que representan obligaciones ineludibles tanto para las autoridades como para las empresas implicadas en el siniestro.
Las exigencias al gobierno: suspensión y sanciones
Ante el panorama descrito, la Red Corredor Arrecifal, Greenpeace y las demás organizaciones firmantes hicieron un llamado directo a la Secretaría de Energía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector para que suspendan de inmediato las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona, en apego al artículo 79e de la Ley del Sector de Hidrocarburo, y para que procedan a identificar y sancionar a los responsables del derrame, cuyo origen sigue sin ser oficialmente esclarecido.
Cabe recordar que el 12 de marzo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, señaló que el hidrocarburo provenía de un barco petrolero en aguas de Tabasco, versión que el Gobierno federal no respaldó en ese momento al indicar que continuaba evaluando la fuente del contaminante, para posteriormente alinearse con la postura de Nahle.