El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes una nueva iniciativa legislativa conocida como plan B, luego de que su reforma electoral fuera rechazada días atrás en el Congreso de la Unión. La propuesta fue anunciada oficialmente y será remitida al Senado para su análisis y discusión. Se trata de un paquete de modificaciones que toca aspectos presupuestales, salariales y de transparencia dentro del sistema electoral mexicano.
Reducción de privilegios en el INE y órganos electorales
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de explicar el contenido de la iniciativa. De acuerdo con la funcionaria, la propuesta busca reducir los llamados “privilegios” que actualmente tienen el Instituto Nacional Electoral (INE), los tribunales electorales y los distintos órganos del sistema. Entre las medidas planteadas destaca la fijación de un tope de entre siete y 15 regidores por municipio, así como límites presupuestales aplicables a los congresos locales.
Recursos ahorrados irán a obras públicas
Según lo informado por Rodríguez, los recursos que se generen a partir de estas reducciones a nivel local no desaparecerán del sistema, sino que serán redirigidos hacia obras públicas en municipios y estados, con el propósito de beneficiar directamente a la ciudadanía.
Nadie ganará más que la presidenta de la República
Uno de los puntos más destacados del plan B es la disposición que establece que los consejeros del INE, magistrados y altos funcionarios electorales no podrán percibir ingresos superiores a los de la presidenta de la República. Esta medida se acompañará de una reducción progresiva del gasto del Senado de hasta un 15%, aplicada de forma gradual.
Bonos y seguros médicos en la mira
La propuesta contempla también la eliminación de bonos, seguros de gastos médicos mayores e ingresos adicionales para los funcionarios electorales. Asimismo, se plantea la posibilidad de que la revocación de mandato pueda llevarse a cabo en 2027 o 2028, aunque este punto dependerá del proceso legislativo correspondiente.
Dos leyes en el centro de la reforma
Las leyes secundarias que el gobierno federal busca modificar con esta iniciativa son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos. A través de estos cambios, se busca establecer un marco normativo más acotado en materia de remuneraciones y operación institucional.
Medidas concretas dentro de la propuesta legislativa
Entre las disposiciones específicas que plantea el plan B se encuentran: fijar un tope a las remuneraciones de consejeros del INE, de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y magistrados de tribunales electorales; establecer el inicio de los cómputos federales inmediatamente después de concluida la jornada electoral; y habilitar la posibilidad de firmar convenios para la fiscalización de partidos y candidaturas.
Remuneraciones de dirigentes deberán hacerse públicas
El paquete legislativo también incluye medidas orientadas a fortalecer la transparencia dentro de los partidos políticos. Los dirigentes partidistas estarán obligados a transparentar sus remuneraciones, mientras que los propios partidos deberán reportar sus operaciones financieras en tiempo real, sin posibilidad de diferir esta información.
Prohibición de recursos ilícitos y aportaciones en efectivo
Finalmente, la iniciativa prohíbe de forma expresa el uso de recursos ilícitos, el ingreso de fondos provenientes del extranjero y las aportaciones realizadas en efectivo, medidas que buscan cerrar las vías de financiamiento irregular que históricamente han generado controversia en el sistema de partidos en México.