Una grave denuncia sacude al penal femenil de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México. Durante la formación de este jueves, la comandante Jessica Avilés habría ordenado a las 30 custodias bajo su mando ponerse al servicio de reclusas de origen colombiano que controlan extorsiones, golpizas y la venta de droga dentro del reclusorio. La orden, según testimonios de dos uniformadas que solicitaron anonimato, fue directa y sin ambigüedades: “que comience la cacería”.
La orden que desató la denuncia
De acuerdo con “Mónica”, nombre modificado de una de las custodias que contactó a Latinus, al romper la formación matutina la comandante Avilés instruyó a su personal ingresar al dormitorio A y ponerse a las órdenes de las internas Mónica Portela y Karla de León, identificadas como líderes de una célula criminal dentro del penal femenil de Santa Martha. La misión era identificar y retirar de los dormitorios a aquellas reclusas que no trabajaran para estas internas colombianas.
Lo que significó “la cacería” en la práctica
La custodia Mónica fue explícita al describir lo que implicó ejecutar esa orden. El operativo incluyó despojar a las internas señaladas de sus pertenencias, tirar los productos que tuvieran para la venta y arrojar toda su comida a los botes de basura, todo ello “con el lujo de violencia” que les fue solicitado. “Ahora como elemento de seguridad tengo que seguir las indicaciones de dos internas que son socias de mi comandante”, lamentó la uniformada.
Una distracción orquestada desde el penal varonil
Para ejecutar “la cacería” sin interferencias, Avilés habría coordinado con autoridades del penal varonil contiguo para que generaran una distracción. Según el relato de Mónica, el comandante de ese reclusorio mandó incendiar la sala 2 asignada a visitas, con el fin de desviar la atención de las autoridades mientras se desarrollaba el operativo en el penal femenil.
El nuevo esquema de extorsión dentro de Santa Martha
Con el respaldo de la comandante Avilés, las reclusas colombianas han instaurado un sistema de cobros que abarca prácticamente todas las actividades cotidianas dentro del penal femenil de Santa Martha. Los pagos que antes se realizaban a autoridades administrativas y uniformadas ahora se canalizan directamente hacia estas internas. A partir de esta jornada, cada reclusa que desee salir a recibir familiares o amigos en la visita deberá pagar entre 80 y 100 pesos, cobro que se realiza en las entradas de las salas con internas armadas con navajas apostadas por órdenes de las propias colombianas.
Cuotas semanales de hasta tres mil pesos por celda
El esquema de extorsión también opera a nivel de dormitorios. Según testimonios de internas, para evitar ser trasladadas a celdas de mayor peligrosidad o de consumo de drogas, las reclusas deben pagar una cuota semanal que oscila entre mil y tres mil pesos directamente a la comandante Avilés, monto que cobra la interna Maribel Niño, quien además se encarga de golpear a quienes se niegan a pagar. El mecanismo convierte la seguridad personal dentro del penal en un servicio de pago controlado por la propia estructura de mando.
El caso de la interna enviada a un dormitorio de consumo
Una interna envió a Latinus un audio vía WhatsApp en el que relata que la comandante Avilés autorizó su traslado a un dormitorio controlado por una reclusa identificada como “Baretto”. Al llegar, le comunicaron que tendría que consumir o vender droga para ellas, bajo amenaza de hacerle “la vida imposible”. La interna señaló que no consume sustancias y que cumple con todas sus obligaciones, sin entender la razón del traslado.
Quiénes operan junto a la comandante Avilés
El entramado criminal dentro del penal femenil de Santa Martha no se reduce a la comandante Avilés. Junto a ella operan la interna Maribel Niño, quien encabeza las golpizas contra otras reclusas, así como Teresa Carapia y Érica Valadés. Avilés regresó al penal el 25 de septiembre de 2025 y desde entonces, según los testimonios, ha ido consolidando una estructura de control que combina a personal uniformado con reclusas que actúan como sus operadoras directas. Al regresar, también solicitó el traslado de varias internas que presumiblemente representaban un obstáculo para sus planes.
Un historial de sanciones que no frenó su ascenso
La trayectoria de Avilés incluye una sanción aplicada hace seis años por haber intentado extorsionar a Edén Guadalupe Villarreal, conocida como “La Teniente”, y a su esposa. A pesar de ese antecedente, fue designada comandante por primera vez tras su reasignación al penal femenil de Tepepan y posteriormente regresó a Santa Martha en el cargo. Su caso ilustra las fallas en los mecanismos de control interno que permiten que elementos sancionados asciendan o sean reubicados en posiciones de autoridad.
Las custodias piden auxilio y temen represalias
Tanto Mónica como “Lucy”, la segunda custodia que habló bajo anonimato, describieron una situación de vulnerabilidad extrema. “Nosotras somos las que estamos corriendo el riesgo”, advirtió Mónica, señalando que las uniformadas están siendo utilizadas para ejecutar órdenes ilegales que las exponen tanto a consecuencias penales como a represalias internas. Ambas solicitaron la intervención de autoridades de la Ciudad de México y federales, mencionando específicamente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La amenaza del motín fabricado como escudo político
Lucy reveló además una estrategia que estaría siendo orquestada desde adentro para blindar a la comandante Avilés frente a posibles destituciones. Según su relato, se está alterando deliberadamente a la población del penal para provocar una situación que pueda ser presentada como intento de motín, lo que le daría a Avilés y a la directora suplente Magaly Morales un argumento para justificar su permanencia en el cargo. “Así no podría ser destituida o cambiada, con una mancha en su historial”, explicó Lucy sobre la lógica detrás de la maniobra.