Comunidades indígenas mayo-yoreme anunciaron que realizarán una toma indefinida de la planta de amoniaco ubicada en la bahía de Ohuira, Sinaloa, al señalar que el proyecto representa un riesgo para el ecosistema y los pueblos originarios de la región.
Bajo la consigna “¡Aquí no!”, habitantes de la zona mantienen desde hace más de una década una oposición al proyecto desarrollado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo suizo-alemán Proman, que busca producir alrededor de 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco.
El gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, Felipe Montaño Valenzuela, informó que la toma de las instalaciones está prevista para el lunes 15 de junio, hasta obtener respuestas sobre las demandas de las comunidades.
Exigen suspensión de obras y diálogo con autoridades ambientales
Montaño explicó que autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), plantearon establecer mesas de trabajo con los habitantes.
Sin embargo, señaló que las comunidades aceptarían participar únicamente si las obras del proyecto son suspendidas mientras se revisan los posibles impactos ambientales y sociales.
“Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, declaró el representante indígena.
▶️ Durante su visita a #Sinaloa, la secretaria @aliciabarcena, junto con autoridades federales, estatales y municipales, estableció una ruta de trabajo con comunidades de #Ohuira y #Topolobampo para dar seguimiento a los planteamientos presentados durante el diálogo realizado en… pic.twitter.com/Cu1udMdBGf
— SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) June 13, 2026
Comunidades indígenas alertan por impacto ambiental
Los opositores al proyecto aseguran que la planta podría afectar a más de 6 mil 600 indígenas de las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos, ubicadas en la zona del puerto de Topolobampo.
Entre los principales riesgos señalados se encuentra el uso de agua marina para el proceso industrial. De acuerdo con los habitantes, la planta requerirá extraer aproximadamente 2 mil metros cúbicos de agua salada por hora para enfriar el amoniaco.
Los pobladores advierten que la descarga de agua con una temperatura superior podría alterar las condiciones del ecosistema y afectar actividades como la pesca, una de las principales fuentes de alimentación y sustento económico de las comunidades.
Alertan por posibles fugas y riesgos para la población
Otro de los puntos de preocupación está relacionado con posibles accidentes industriales.
Los opositores señalan que documentos del propio proyecto contemplan escenarios de fugas que podrían generar nubes tóxicas con alcance de hasta 45 kilómetros, lo que podría representar un riesgo para miles de habitantes de la región.
“Si eso ocurriera sería algo trágico, porque Topolobampo no tiene los bomberos, equipo de Protección Civil o de la Cruz Roja para evacuar rápidamente a la población”, expresó Montaño.
Humedal protegido también está en disputa
La bahía de Ohuira forma parte del humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, reconocido como sitio Ramsar por su importancia internacional.
Este ecosistema alberga diversas especies como aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de importancia comercial.
Los habitantes señalan que el proyecto lleva aproximadamente 88% de avance y denuncian afectaciones como relleno de zonas de humedal, retiro de manglares y desplazamiento de fauna.
Disputa legal y consulta indígena
La resistencia contra la planta acumula más de 12 años. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó realizar una consulta a los pueblos indígenas sobre el proyecto.
Sin embargo, representantes comunitarios han cuestionado el proceso al considerar que no se respetó plenamente el derecho a una consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Mientras las autoridades ambientales buscan continuar el diálogo, las comunidades mayo-yoreme mantienen su postura de impedir la operación del proyecto hasta que se atiendan sus demandas ambientales y sociales.