Se informa que El Salvador dio un nuevo paso en su estrategia de combate al crimen organizado, luego de que autoridades judiciales confirmaran condenas de varios siglos de prisión contra integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), una de las pandillas más violentas del país.
La Fiscalía General de la República detalló que las sentencias forman parte de los procesos impulsados bajo el régimen de excepción, una medida vigente desde marzo de 2022 y que ha marcado un punto de inflexión en la política de seguridad de El Salvador, con impactos tanto a nivel interno como regional.
Un castigo ejemplar contra estructuras criminales
En total, 248 integrantes de la MS-13 fueron condenados por diversos delitos cometidos entre 2014 y 2022 en el departamento de La Libertad. Entre las resoluciones judiciales destaca una sentencia acumulada de 1,335 años de cárcel, considerada simbólica pero representativa de la severidad del sistema penal en El Salvador.
Las autoridades señalaron que estas penas buscan desarticular completamente las estructuras operativas de la pandilla y enviar un mensaje disuasivo a otros grupos delictivos.
Homicidios y desapariciones forzadas
Los expedientes judiciales acreditaron la responsabilidad de los condenados en 43 homicidios, entre ellos el de un estudiante universitario y una futbolista, así como 42 casos de desaparición forzada, hechos que generaron un fuerte impacto social en las comunidades afectadas.
Extorsión y control territorial
Además, se documentó un esquema sistemático de extorsión a comerciantes, transporte público y pequeños negocios, práctica que provocó el cierre de establecimientos y desplazamientos forzados de familias enteras.
Otros delitos asociados
Las investigaciones también confirmaron delitos relacionados con tráfico de drogas e invasión de viviendas utilizadas como puntos estratégicos para operaciones criminales.
Reducción de violencia y críticas internacionales
El endurecimiento de las políticas de seguridad en El Salvador ha derivado en una reducción significativa de homicidios, alcanzando cifras históricamente bajas. Sin embargo, organismos defensores de derechos humanos han señalado presuntos abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y muertes en centros penitenciarios.
Organizaciones civiles reportan más de 450 fallecimientos bajo custodia estatal desde la implementación del régimen, mientras familiares de detenidos solicitan revisiones de casos.
Interés de otros países en replicar la estrategia
Pese a la controversia, el llamado “modelo salvadoreño” ha despertado interés en otros países de la región. Gobiernos como el de Costa Rica han manifestado su intención de analizar medidas similares, incluyendo la construcción de cárceles de alta seguridad inspiradas en el Cecot.
El debate sobre seguridad y derechos humanos sigue abierto, mientras El Salvador continúa posicionándose como un referente regional en políticas de mano dura contra el crimen organizado.