Política
INE se alista para organizar la elección más cara de México
El INE espera la resolución de la Suprema Corte para avanzar con el proceso de renovación judicial. Mientras tanto, se planea el presupuesto más elevado para una elección en México, que incluye un bono millonario para los trabajadores del instituto.
El Instituto Nacional Electoral (INE) se mantiene en suspenso a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida, el próximo lunes, si el proceso de renovación judicial puede continuar. Esta elección, que se prevé será la más costosa en la historia del país, se encuentra detenida debido a la falta de claridad sobre los pasos que el INE debe seguir, a pesar de que hace dos semanas el Tribunal Electoral declaró inviable frenar el proceso judicial.
En medio de la incertidumbre legal, el Consejo General del INE ha permanecido sin tomar acciones concretas, a la espera de que la resolución de la Suprema Corte les indique el camino a seguir. Sin embargo, este lunes el INE avanzará en la aprobación del presupuesto solicitado a la Cámara de Diputados para la operación del próximo año, el cual asciende a 13 mil 205 millones 143 mil 620 pesos, necesarios para organizar la elección de nuevos juzgadores.
A lo largo de estos meses, el proyecto presupuestario del INE se ha convertido en un tema de debate, especialmente ante las diversas suspensiones judiciales y la falta de claridad de la acción declarativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que complica las decisiones del instituto en cuanto a sus facultades y limitaciones. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, ha defendido que la solicitud de recursos no representa una “desobediencia” a las leyes, sino una medida de precaución para garantizar los fondos suficientes que permitan cumplir con la labor electoral en el país.
Dentro del presupuesto planteado para 2025 se incluye una partida de más de mil millones de pesos destinada a bonificaciones para el Consejo General, personal directivo y administrativo. Este bono, reactivado por Taddei el año pasado después de una pausa que había estado vigente desde 2012, se justificará por las “altas cargas de trabajo” que implica el diseño y desarrollo del próximo proceso electoral. En el proceso anterior, dicho bono, que alcanzó los 325 mil pesos por trabajador sin impuestos, generó controversia dentro del propio Consejo General, ya que algunos consejeros llegaron a plantear la posibilidad de devolverlo.
Distribución del presupuesto para la elección de 2025
El presupuesto solicitado por el INE contempla, en su rubro más costoso, una asignación de más de seis mil 830 millones de pesos para la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Estos recursos se destinarán a la contratación y capacitación de personal que deberá recorrer todo el país, instruyendo a miles de personas en un proceso de votación novedoso y en la recepción de votos de sus vecinos.
La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral cuenta con más de cuatro mil 522 millones de pesos, destinados a cubrir todos los aspectos logísticos necesarios para la instalación de las casillas de votación, incluyendo su limpieza, el suministro de alimentos para los funcionarios y los costos de transporte y operación.
Otro rubro importante corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración, que contempla el bono adicional para los funcionarios debido a las cargas extraordinarias de trabajo previstas para el proceso electoral.
Solicitud precautoria de fondos para una posible consulta popular
Además de los 13 mil millones solicitados para la elección de 2025, el INE incluirá una solicitud precautoria de cuatro mil 620 millones 764 mil 137 pesos para la organización de una consulta popular en caso de que sea solicitada y aprobada. Esta medida preventiva, ordenada por la Suprema Corte, obliga al INE a contar con recursos suficientes en caso de que se presente una solicitud ciudadana para realizar una consulta.
A la espera de la resolución de la SCJN, el INE continúa en una pausa estratégica mientras se organiza para llevar a cabo la elección más costosa en la historia del país, en medio de las complicaciones legales y la incertidumbre sobre sus atribuciones y restricciones. El desenlace de esta situación depende de la próxima decisión de la Corte, que determinará si el instituto puede continuar con el proceso de renovación judicial y llevar a cabo la elección de 2025.
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