La prisión domiciliaria del pastor Héctor Eduardo Machuca en Chaco fue revocada tras detectar incumplimientos en las condiciones establecidas. La decisión se tomó en un contexto donde se buscaba garantizar la integridad de la investigación y la protección de las víctimas.
Contexto y antecedentes del caso
El 9 de julio de 2026, el Equipo Fiscal Nº 13 ordenó la revisión de la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva de Machuca, quien había sido autorizado a cumplirla en su domicilio por motivos de salud. Sin embargo, recientes presentaciones y material aportado por la Defensora Pública de Víctimas demostraron que el imputado participaba en reuniones religiosas en su vivienda, incumpliendo las restricciones impuestas.
Razones para la revocación de la prisión domiciliaria
El fiscal a cargo argumentó que las conductas del imputado, específicamente la participación en reuniones con terceros, vulneraban las condiciones de la prisión domiciliaria. La resolución aclaró que esta medida no busca restringir el derecho a la libertad de culto, sino evitar actos que puedan entorpecer la investigación o poner en riesgo a las víctimas.
Material que influyó en la decisión
La intervención de la Defensora Pública de Víctimas fue clave, ya que presentó imágenes y videos en los que se evidenciaba la participación activa de Machuca en reuniones dentro de su domicilio. Este material fue considerado determinante para justificar la revisión de la medida.
Implicaciones y continuidad del proceso
Tras la revocación, Héctor Eduardo Machuca fue trasladado a la Comisaría Segunda de Barranqueras, donde continuará detenido mientras avanza la investigación. La resolución subraya que la modalidad domiciliaria no debe interpretarse como una flexibilización del proceso judicial, sino como una medida excepcional que requiere cumplimiento estricto.
Este caso marca un precedente en la aplicación de medidas restrictivas en contextos similares, resaltando la importancia del control y la supervisión en casos de delitos relacionados con grooming y prácticas que puedan afectar la investigación o la protección de víctimas.