El portavoz de Junts, Josep Rius, ha calificado como un “escándalo” que el Gobierno afirme que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) realizó espionaje a dirigentes independentistas con el respaldo de un juez. La polémica se centra en la supuesta vigilancia a exdiputados de la CUP en el Parlament, David Fernàndez y Carles Riera, en un contexto que ha generado rechazo en el ámbito político y social.
Contexto y declaraciones de Rius
El pasado 13 de julio de 2026, Rius expresó en rueda de prensa que “se confirma lo que decíamos” respecto a las acciones del CNI. Para él, la vigilancia a cargos electos y representantes públicos es impropia de una democracia plena y consolidada en la Unión Europea. Además, reiteró la petición de dimisiones tanto a responsables del CNI como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Reacciones y controversia política
La acusación ha provocado una fuerte reacción en el espectro político, con dirigentes que consideran que estas acciones vulneran derechos fundamentales. La denuncia se produce en un momento en que el Gobierno ha confirmado que el CNI espió a dirigentes independentistas, lo que ha generado un debate sobre los límites del espionaje y la protección de derechos civiles en España.
Implicaciones y posibles consecuencias
Este escándalo podría tener repercusiones en la confianza en las instituciones de seguridad y en la política de espionaje del Estado. La petición de dimisión de responsables del CNI y del Ministerio del Interior refleja la gravedad de las acusaciones y la preocupación por la posible vulneración de derechos democráticos.
Para más información sobre cómo estas acciones afectan la política en España, puedes consultar el impacto del espionaje en la política española.
