El Área Natural Protegida correspondiente al Parque Marino de Cancún e Isla Mujeres enfrenta importantes limitaciones operativas, pese a que cada año recauda más de 23 millones de pesos por concepto del cobro de derechos a visitantes. La falta de recursos humanos y materiales mantiene bajo presión las labores de vigilancia y conservación de uno de los principales destinos turísticos del país.
Área Natural Protegida opera con recursos limitados
El Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc ha registrado un incremento constante en el costo del brazalete de acceso establecido por la Ley Federal de Derechos. El monto pasó de 60 pesos en 2024 a 125 pesos durante 2026, lo que representa una recaudación estimada superior a los 23 millones de pesos anuales.
Sin embargo, el presupuesto destinado a la operación cotidiana oscila entre 15 y 25 millones de pesos y, al considerar la nómina del personal, la disponibilidad real para actividades operativas se reduce considerablemente. De acuerdo con responsables del parque, si esos recursos permanecieran en el territorio, el Área Natural Protegida podría operar con mayor capacidad y atender de mejor manera los retos derivados del turismo y la conservación.
Falta de personal complica la vigilancia
El déficit presupuestal también impacta directamente en la capacidad para proteger las 12 mil 989 hectáreas que conforman el Parque Nacional y el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté.
Actualmente solo existe una plantilla operativa de 17 personas, de las cuales únicamente 12 están asignadas formalmente al parque. Según explicó Arturo González González, director del Parque Marino, el Área Natural Protegida requeriría al menos 23 integrantes en su estructura básica para responder a todas las necesidades de supervisión, monitoreo y atención de incidentes ambientales.
Equipo insuficiente para atender la zona
Además de la escasez de personal, las autoridades cuentan con recursos materiales limitados para realizar recorridos de vigilancia.
Actualmente disponen de una embarcación, una moto acuática y cuatro vehículos terrestres. Cada recorrido marítimo de aproximadamente seis horas requiere al menos 150 litros de combustible, lo que representa un gasto superior a los tres mil pesos diarios únicamente para labores de supervisión.
Crecen las actividades irregulares
Las autoridades también alertaron sobre el aumento de operaciones náuticas irregulares en la zona, fenómeno que se intensificó después de la pandemia.
Se estima que entre el 70 y el 73 por ciento de los visitantes evade el pago del brazalete obligatorio para ingresar al parque. Esta situación ha favorecido la saturación de algunos puntos turísticos y el desarrollo de prácticas que afectan los ecosistemas, como el fondeo sobre pastos marinos y arrecifes, así como la alimentación de especies marinas.
Ante este panorama, la administración del parque mantiene coordinación con cooperativas turísticas, la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y brigadas comunitarias para fortalecer las acciones de conservación y vigilancia en la región.