La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó sobre la detención de Roxana Lili Campos, quien fuera presidenta municipal de Solidaridad, actualmente Playa del Carmen, por su probable relación con hechos posiblemente constitutivos del delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La orden de aprehensión fue cumplimentada en la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como parte de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en contratos públicos durante su administración.
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados habrían ocasionado un perjuicio económico al erario municipal superior a los 62 millones de pesos, derivado de contratos para servicios de lavado especializado de vehículos pertenecientes a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Investigan contratos de lavado de vehículos municipales
Según las indagatorias, durante el periodo en que Roxana Lili “N” estuvo al frente del municipio se habrían otorgado de manera irregular tres licitaciones públicas a un particular, entre 2022 y 2024, para prestar servicios de lavado de unidades oficiales.
La dependencia señaló que la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba con un parque vehicular de 123 unidades y que en los registros se reportaban hasta 865 lavados mensuales, incluso sin días de descanso.
Sin embargo, la empresa contratada presuntamente contaba únicamente con 15 empleados para realizar los servicios, situación que forma parte de las líneas de investigación para determinar si las contrataciones y los pagos correspondían a trabajos efectivamente realizados.
Señalan pagos sin documentación comprobatoria
La Fiscalía también indicó que el prestador de servicios no contaba con comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a los primeros contratos y que, pese a esa situación, habrían continuado los pagos sin documentación comprobatoria suficiente.
El monto observado por estas presuntas irregularidades supera los 62 millones de pesos, según la información difundida por la autoridad ministerial.
Asimismo, las investigaciones contemplan la posible responsabilidad de otros servidores públicos que habrían omitido sus funciones de revisión, supervisión y seguimiento de los contratos, al no verificar el cumplimiento de los servicios ni la existencia de los documentos de soporte requeridos por la ley.
La Fiscalía General del Estado continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales que pudieran derivarse del caso.
