El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República realiza gestiones para trasladar a la exconductora desde Estados Unidos. Sin embargo, todavía no se ha precisado si el procedimiento será mediante una extradición o deportación.
La situación legal de Inés Gómez Mont podría tener un nuevo desarrollo, luego de que el Gobierno mexicano confirmara que busca su regreso al país tras su detención en Florida, Estados Unidos, donde permanece bajo custodia de las autoridades migratorias desde el pasado 30 de octubre.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, celebrada este martes 10 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya trabaja en los procedimientos necesarios para que la exconductora sea trasladada a territorio mexicano.
Inés Gómez Mont permanece detenida en Estados Unidos
El funcionario federal confirmó que la también actriz continúa bajo custodia estadounidense, once días después de que se conociera su detención en Miami.
Al ser cuestionado sobre las acciones del Gobierno mexicano, García Harfuch señaló que el expediente está siendo atendido directamente por la FGR.
La dependencia encabezada por Ernestina Godoy es la responsable de realizar los trámites legales y mantener la coordinación correspondiente con las autoridades de Estados Unidos.
El secretario aclaró que cuenta con información sobre las gestiones para traerla de regreso, aunque no proporcionó una fecha para su posible traslado.
Por ahora, la exconductora continúa en territorio estadounidense, mientras se define el procedimiento jurídico que podría permitir su presentación ante las autoridades mexicanas.
Todavía no se confirma si será deportada o extraditada
Durante la conferencia presidencial también surgieron preguntas sobre la vía legal que se utilizaría para trasladar a la exconductora.
García Harfuch evitó confirmar si el Gobierno mexicano buscará una extradición formal o si su regreso podría concretarse mediante un procedimiento de deportación.
Explicó que únicamente la Fiscalía puede proporcionar detalles precisos sobre los trámites que se encuentran en curso.
La diferencia entre ambos mecanismos es importante, ya que una extradición implica un procedimiento de cooperación judicial entre países, mientras que una deportación responde a decisiones de las autoridades migratorias estadounidenses.
Hasta el momento del anuncio, no se había comunicado oficialmente cuál de estas alternativas sería utilizada.
El eventual regreso de Inés Gómez Mont dependerá de las decisiones y procedimientos aplicables tanto en México como en Estados Unidos.
Exconductora fue arrestada el pasado 30 de octubre
La detención ocurrió en Miami, Florida, el viernes 30 de octubre de 2026.
Posteriormente, las autoridades mexicanas confirmaron que la expresentadora había sido asegurada por funcionarios migratorios estadounidenses.
La FGR aclaró que la causa inmediata de su detención en Estados Unidos corresponde a asuntos migratorios, distintos de los procesos penales que tiene pendientes en México.
De acuerdo con los registros del Servicio de Migración y Control de Aduanas estadounidense (ICE), la exconductora permanece en un centro de detención ubicado en Pompano Beach, Florida.
El pasado 5 de noviembre también se informó que una autoridad judicial estadounidense rechazó un recurso legal mediante el cual buscaba obtener su libertad.
Por ello, su situación migratoria y los procedimientos judiciales mexicanos continúan siendo asuntos separados, aunque ambos pueden influir en su eventual traslado.
FGR confirma tres órdenes de aprehensión vigentes
En México, la exconductora enfrenta tres órdenes de aprehensión emitidas por jueces federales, de acuerdo con información oficial difundida por la Fiscalía el 2 de noviembre.
Una de ellas está relacionada con acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las otras dos corresponden a señalamientos por el delito de defraudación fiscal equiparada.
Las investigaciones mexicanas incluyen presuntas operaciones financieras irregulares vinculadas con recursos públicos y empresas señaladas por las autoridades.
La Fiscalía sostiene que la exconductora habría participado en movimientos de dinero presuntamente procedente de operaciones ilícitas.
Estas acusaciones forman parte de procesos judiciales pendientes y no representan una sentencia definitiva en su contra.
Investigación también involucra a su esposo
Otro de los nombres relacionados con las investigaciones es el de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la exconductora.
Ambos han sido señalados por autoridades mexicanas dentro de investigaciones sobre presuntos desvíos de recursos públicos y operaciones financieras irregulares.
Los señalamientos incluyen un posible esquema relacionado con recursos de dependencias federales, cuyo monto ha sido estimado en cerca de tres mil millones de pesos.
Álvarez Puga también fue detenido en Estados Unidos durante 2025 por asuntos migratorios.
Según reportes basados en registros judiciales, posteriormente habría obtenido su libertad tras el pago de una fianza.
Sin embargo, su situación legal es independiente de la de su esposa, por lo que los procedimientos correspondientes deberán resolverse conforme a cada expediente.
México espera definir el procedimiento de traslado
Las declaraciones de García Harfuch confirman que las autoridades mexicanas mantienen el interés de presentar a la exconductora ante la justicia nacional.
No obstante, todavía falta conocer qué mecanismo jurídico utilizará la Fiscalía y cuándo podría llevarse a cabo el eventual traslado.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, será la encargada de proporcionar información adicional sobre las gestiones y los avances del caso.
Mientras tanto, Inés Gómez Mont permanece detenida en Florida, donde continúa su procedimiento migratorio.
Su posible regreso a México abriría la posibilidad de que comparezca ante los tribunales correspondientes por las acusaciones que enfrenta, siempre bajo el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial definitiva.