La presidenta de México informó que consultó a la fiscal general Ernestina Godoy sobre las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el organismo electoral, pero todavía no recibió información sobre la apertura de una carpeta de investigación.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció este martes 10 de noviembre que aún no cuenta con información que confirme el inicio de una carpeta de investigación por los presuntos actos de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), relacionados con contrataciones realizadas durante la administración de Guadalupe Taddei.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que preguntó directamente a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, sobre la situación del caso. Sin embargo, señaló que no obtuvo detalles sobre el avance de las indagatorias.
INE: Sheinbaum admite falta de información sobre investigaciones
La jefa del Ejecutivo fue cuestionada por representantes de los medios de comunicación sobre las acciones emprendidas por la Fiscalía después de que se presentaran denuncias por posibles irregularidades dentro del organismo electoral.
En respuesta, explicó que había consultado a Ernestina Godoy durante la mañana, pero que todavía no disponía de información precisa sobre la existencia o el avance de alguna investigación formal.
La mandataria reconoció que se han presentado diferentes denuncias relacionadas con el manejo de recursos y las contrataciones del instituto.
No obstante, aclaró que corresponde a la autoridad ministerial analizar los señalamientos y establecer si existen elementos suficientes para investigar posibles delitos.
La declaración no confirma que la FGR haya descartado abrir una carpeta, sino que hasta ese momento la presidenta no había recibido información sobre su situación.
Fiscalía deberá revisar denuncias por posibles delitos
De acuerdo con lo expresado por Sheinbaum, la Fiscalía tiene la responsabilidad de examinar las denuncias presentadas y determinar si los hechos señalados pueden constituir conductas delictivas.
La revisión deberá establecer si existe información suficiente para continuar con las investigaciones y qué posibles delitos podrían estar relacionados con las irregularidades denunciadas.
El caso involucra cuestionamientos sobre contratos otorgados a empresas proveedoras y posibles conflictos de intereses entre particulares y funcionarios del organismo electoral.
Por ahora, no existe información pública confirmada en las declaraciones de la mandataria sobre las determinaciones que haya tomado la FGR respecto de cada denuncia.
La posible responsabilidad de las personas mencionadas deberá establecerse mediante los procedimientos legales correspondientes.
Denuncias abarcan diferentes administraciones electorales
El pasado viernes 6 de noviembre, el INE informó que había acudido a la Fiscalía para solicitar que se investigaran posibles irregularidades relacionadas con la contratación de proveedores.
Los señalamientos incluyen presuntas conductas como tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones.
La solicitud de investigación no se limita exclusivamente al periodo en el que Guadalupe Taddei encabezó el organismo, sino que también contempla gestiones anteriores.
Por su parte, el Órgano Interno de Control del instituto informó sobre la presentación de seis denuncias penales relacionadas con posibles irregularidades cometidas por funcionarios, exfuncionarios y empresas.
Estas actuaciones buscan que las autoridades competentes revisen los hechos y determinen si existen responsabilidades de carácter penal o administrativo.
La presentación de una denuncia, sin embargo, no implica automáticamente que las personas señaladas sean responsables de los delitos investigados.
Presidenta propone revisar el funcionamiento del organismo
En declaraciones anteriores, Claudia Sheinbaum ha sostenido que los posibles problemas de corrupción dentro del instituto no necesariamente comenzaron durante la administración de Guadalupe Taddei.
La mandataria ha planteado que las revisiones deberían abarcar distintos periodos de gestión para identificar posibles anomalías en el uso de recursos públicos.
También ha defendido la necesidad de realizar cambios en el organismo electoral con el objetivo de fortalecer la transparencia, la austeridad y la organización de los procesos democráticos.
Según su postura, una reforma institucional debería contribuir a garantizar elecciones limpias y el respeto a la voluntad ciudadana.
Estas propuestas se han presentado en medio de los cuestionamientos sobre las contrataciones y el funcionamiento administrativo del instituto.
Video exhibe reunión entre contratista y exfuncionarios
Entre los elementos difundidos públicamente sobre el caso se encuentra una grabación presentada por Latinus en la que aparece el empresario José Alfredo Hernández durante una cena celebrada en diciembre del año anterior.
Según el medio, el contratista realizó un brindis en el que agradeció a Guadalupe Taddei por la firma de un contrato relacionado con la producción de la credencial para votar.
En las imágenes también fueron identificados Araceli Hernández, exresponsable de la Unidad Técnica de Igualdad de Género del instituto, y Mario Burciaga, quien estuvo al frente del área de Recursos Materiales.
Asimismo, el reporte menciona la presencia de Fernando Marón, vicepresidente de Cosmocolor, y Ramón Mondragón, relacionado con Grupo Anémona y HuBO.
La difusión de este encuentro forma parte de los antecedentes periodísticos sobre posibles vínculos entre proveedores y funcionarios electorales.
Sin embargo, la participación de una persona en una reunión no demuestra por sí misma la comisión de algún delito.
Continúa pendiente conocer los avances oficiales del caso
Las declaraciones de Sheinbaum dejan abierta la interrogante sobre el estado procesal de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.
Aunque existen señalamientos y solicitudes formales de investigación, la presidenta reconoció que hasta la mañana de este martes no había recibido información suficiente para confirmar los avances de la autoridad ministerial.
La FGR deberá determinar qué actuaciones corresponden conforme a la legislación vigente y si los hechos denunciados justifican procedimientos penales.
Mientras tanto, las investigaciones sobre posibles irregularidades en el INE continúan siendo objeto de atención pública, especialmente por los cuestionamientos a contratos adjudicados durante distintas administraciones.
Será la autoridad competente la encargada de esclarecer los hechos y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.