El organismo encargado de la administración judicial aclaró que los exámenes previstos para 2026 tendrán fines de diagnóstico y no determinarán la permanencia laboral. La explicación se difundió después del inicio de protestas en distintas entidades del país.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aseguró este viernes 6 de noviembre que la evaluación de desempeño programada para el personal del Poder Judicial de la Federación tendrá únicamente carácter diagnóstico durante 2026, por lo que sus resultados no provocarán despidos ni pérdida de plazas.
La aclaración se produjo después de que trabajadores de juzgados y tribunales federales iniciaran un paro de labores indefinido en diversas entidades del país, al considerar que las nuevas disposiciones podrían afectar sus derechos y su estabilidad laboral.
OAJ aclara alcances de la evaluación judicial
Mediante una cápsula informativa difundida en sus redes sociales, el organismo explicó las principales características del nuevo sistema de Evaluación del Desempeño del Personal de Carrera Judicial 2026.
De acuerdo con la institución, el procedimiento permitirá conocer las capacidades profesionales de los empleados, identificar sus fortalezas y detectar aspectos que requieran mejoras.
El objetivo, señaló, consiste en impulsar la formación del personal y establecer mecanismos de evaluación continua que contribuyan al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.
Asimismo, precisó que la medida responde a un mandato constitucional y constituye una obligación legal para quienes forman parte de la carrera judicial.
Exámenes de 2026 no afectarán permanencia laboral
Uno de los principales puntos aclarados por la autoridad fue que la primera aplicación del sistema tendrá exclusivamente fines de diagnóstico.
Esto significa que los resultados obtenidos durante 2026 no determinarán si los empleados pueden conservar sus puestos ni serán utilizados para justificar su separación del cargo.
El OAJ explicó que esta etapa busca recopilar información sobre las necesidades de capacitación y establecer programas de mejora profesional antes de las evaluaciones ordinarias.
De esta manera, la institución respondió a las preocupaciones de los trabajadores, quienes habían manifestado temor ante las posibles consecuencias laborales de las nuevas disposiciones.
¿Cómo funcionará el sistema de evaluación?
El acuerdo publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación establece un mecanismo integral para revisar el desempeño de las personas que integran la carrera judicial.
Su finalidad es medir aspectos relacionados con el rendimiento, la calidad de las funciones y la eficiencia de los procedimientos, con el propósito de fortalecer la impartición de justicia.
El modelo contempla dos componentes principales: una evaluación de conocimientos, mediante exámenes de competencias y actividades de capacitación, y una revisión del rendimiento laboral.
Esta última considera elementos como la productividad, el ambiente de trabajo y los criterios éticos aplicables al desempeño de las funciones judiciales.
Aunque el sistema contempla calificaciones y procedimientos de evaluación ordinaria, las disposiciones transitorias establecen que su primera aplicación durante 2026 será exclusivamente diagnóstica.
Trabajadores iniciaron paro desde la madrugada
La postura del organismo fue difundida después de que empleados del Poder Judicial comenzaran una suspensión de actividades durante los primeros minutos del viernes 6 de noviembre.
Los manifestantes rechazaron la disposición de realizar evaluaciones periódicas cada dos años, mediante las cuales se revisaría el desempeño y la aptitud del personal para continuar en sus funciones o ser asignado a otras áreas.
En el edificio judicial de San Lázaro, en la Ciudad de México, Patricia Aguayo, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, participó en una protesta acompañada por al menos 100 trabajadores inconformes.
La representante señaló que el malestar surgió después de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre.
Según explicó, los empleados consideran que las nuevas reglas fueron difundidas sin previo aviso y podrían afectar sus derechos laborales.
Por su parte, el OAJ sostuvo que la evaluación inicial permitirá detectar necesidades de capacitación sin generar consecuencias individuales sobre la permanencia del personal.
La diferencia entre las preocupaciones de los trabajadores y las aclaraciones de la autoridad se mantiene como uno de los principales puntos del conflicto que motivó las protestas judiciales.