El organismo electoral aprobó 19 acciones para revisar posibles irregularidades administrativas, proteger documentos institucionales y reforzar la transparencia en futuras contrataciones.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) autorizó este jueves 5 de noviembre un paquete de 19 medidas destinadas a revisar la administración de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, después de los señalamientos sobre presuntas irregularidades durante su gestión.
Entre las decisiones se encuentran solicitar revisiones externas de contratos, proteger archivos digitales para impedir su eliminación, preparar las denuncias correspondientes ante las autoridades y permitir la participación de testigos ciudadanos en nuevos procedimientos de contratación.
INE revisará contratos y posibles irregularidades administrativas
Una de las principales acciones acordadas consiste en solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización urgente y prioritaria de los procesos administrativos del instituto.
La propuesta contempla examinar adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contrataciones de servicios correspondientes al periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 2016 y el 3 de noviembre de 2026.
La revisión también buscará determinar si los funcionarios responsables de estos procedimientos actuaron conforme a la legalidad y cumplieron adecuadamente con sus obligaciones.
Además, el instituto implementará auditorías externas para analizar los contratos que continúan vigentes.
Si durante las revisiones se identifican irregularidades, las autoridades podrán iniciar los procedimientos necesarios para rescindir los contratos, siempre que se acrediten las condiciones legales y contractuales correspondientes.
Estas acciones forman parte de los mecanismos aprobados por el INE para fortalecer la vigilancia del uso de recursos públicos y revisar las operaciones administrativas cuestionadas.
Consejero cuestiona facultades otorgadas a la presidencia
Durante la discusión, el consejero Arturo Castillo señaló que la reforma aprobada por Morena en el Congreso, mediante la cual se ampliaron las atribuciones de la presidencia del instituto para nombrar funcionarios de mando, contribuyó a debilitar los mecanismos de supervisión administrativa.
A su consideración, estas facultades limitaron la capacidad de los integrantes del Consejo General para vigilar las decisiones relacionadas con el funcionamiento interno del organismo electoral.
Castillo sostuvo que esta situación fue uno de los factores que llevaron a la crisis institucional.
También pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) considerar la realización de investigaciones de oficio y revisar si los hechos podrían relacionarse con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución.
Ordenan proteger documentos y registros institucionales
Otra disposición aprobada establece que todas las áreas y personas servidoras públicas del organismo deberán conservar inmediatamente la documentación relacionada con los procedimientos sujetos a revisión.
La medida busca evitar la destrucción, alteración o pérdida de archivos que puedan resultar relevantes para las investigaciones administrativas.
Asimismo, se contempla implementar un mecanismo informático institucional que permita recibir información, hallazgos y documentos sobre contrataciones y operaciones realizadas dentro del organismo.
La plataforma deberá ofrecer condiciones de seguridad y confidencialidad para que los empleados puedan comunicar posibles irregularidades.
También tendrá que incorporar medidas de protección de datos personales, integridad de la documentación, seguimiento de los registros y resguardo de la identidad de quienes proporcionen información, cuando corresponda.
Prepararán inventario detallado de contrataciones
El Consejo General instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que, con apoyo de la Dirección Ejecutiva de Administración y otras áreas competentes, elabore un inventario de las contrataciones y operaciones correspondientes al periodo señalado.
El documento deberá integrarse en un plazo de cinco días hábiles y contener información organizada por ejercicio fiscal y unidad responsable.
También incluirá el procedimiento utilizado, el nombre del proveedor, el objeto de cada contratación, las cantidades contratadas y pagadas, así como las modificaciones realizadas.
De igual manera, deberán registrarse los procesos de recepción, posibles incumplimientos y las medidas aplicadas en cada caso.
El objetivo es contar con información suficiente para facilitar las revisiones y permitir que las autoridades fiscalizadoras identifiquen posibles anomalías.
Incorporarán testigos ciudadanos en nuevas contrataciones
Como parte de las medidas de transparencia, el INE determinó que la Dirección Ejecutiva de Administración deberá incorporar la figura de testigos sociales en los procesos de contratación que todavía estén pendientes durante el ejercicio fiscal de 2026.
El organismo considera que la participación ciudadana puede contribuir a fortalecer la vigilancia de sus procedimientos administrativos y ofrecer mayor transparencia en la utilización de recursos.
Además, se instruirá a las áreas requirentes y técnicas, administradores de contratos y juntas ejecutivas locales y distritales para que entreguen a la Auditoría Superior de la Federación toda la información que legalmente solicite.
Con estas disposiciones, el instituto busca revisar posibles irregularidades, fortalecer sus controles internos y establecer mecanismos de supervisión para futuras contrataciones.
Las investigaciones y auditorías deberán determinar si existen responsabilidades administrativas o penales, sin que los señalamientos representen por sí mismos una declaración de culpabilidad.