Actualización, 5 de noviembre: Santiago Peña presentó este jueves su renuncia a la presidencia de Paraguay. Pese a ello, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con los 78 legisladores presentes, el juicio político en su contra, que pasa al Senado. También rechazó, por 48 votos contra 30, enjuiciar al vicepresidente Pedro Alliana. El Congreso fue convocado para tratar la renuncia; de aceptarla, Alliana asumiría la presidencia.
La disolución por insolvencia financiera del Ueno bank puso este miércoles contra las cuerdas al presidente de Paraguay, Santiago Peña, sobre cuya cabeza sobrevuela una iniciativa promovida por la oposición para someterlo a un juicio político en el Congreso por su presunta responsabilidad en la crisis financiera. El martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) inició un procedimiento de resolución o cierre de Ueno, lo que dejó sin acceso a sus fondos a los más de 2,94 millones (o cerca de tres millones) de clientes de la institución. Las quejas de los afectados han sido el detonante de protestas en el centro de Asunción, la capital paraguaya, donde por segunda noche consecutiva se han concentrado centenares de personas, en medio de algunas escaramuzas con la Policía.
Juicio político y aislamiento del mandatario
Como respuesta a la crisis, un grupo de diputados de oposición y disidentes del oficialismo presentó una acusación para solicitar un proceso de juicio político contra Peña, que en agosto pasado cumplió los primeros tres de los cinco años de su mandato presidencial establecidos por la Constitución. Los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo consignaron en la Cámara Baja los libelos acusatorios que activarían el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución de Paraguay y solicitaron convocar a una sesión extraordinaria para discutir los documentos. Peña ha quedado envuelto en una polémica después de que el BCP ordenó la intervención de Ueno tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo requerido. La crisis impidió que el mandatario acudiera a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se inició en Madrid.
El libelo acusatorio cuenta con el respaldo de 35 firmas, recogidas en el Congreso, entre ellas las de los diputados de una facción disidente del Partido Colorado. El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, antiguo padrino político de Peña, anunció que acompaña el juicio político, lo cual deja al mandatario en una posición de extrema debilidad. “No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados”, aseguró en un comunicado difundido en X. El senador Natalicio Chase, líder de la bancada del Partido Colorado en la Cámara Alta, reclamó la renuncia del presidente Santiago Peña y advirtió que, si no se produce, acompañará el inicio de un juicio político. “Estamos hablando de los fondos públicos, de los ahorros de miles de familias y de la tranquilidad de nuestros jubilados”, afirmó el legislador. Los legisladores anticipan una votación unánime para aprobar el juicio político y la Fiscalía General del Estado ya prepara una denuncia penal contra Peña. La iniciativa pone a prueba la cohesión del gobernante Partido Colorado y reaviva el fantasma de la destitución de Fernando Lugo en 2012.
Fondos públicos y vínculos con el presidente
Ueno Bank mantenía depósitos de organismos estatales y fondos previsionales, superando los US$850 millones. De ese total, cerca de US$355 millones (o US$380 millones según otras fuentes) correspondían al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra los recursos destinados a las prestaciones de los trabajadores y jubilados. La controversia también alcanzó a Peña por sus vínculos previos con el Grupo Vázquez, controlador de Ueno Bank. El mandatario fue socio empresarial y accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025 (o abril de 2025). Además, durante los últimos meses había defendido públicamente a la entidad frente a las críticas y las advertencias sobre sus operaciones, y tras asumir la presidencia en agosto de 2023 designó al entonces máximo responsable de Ueno, Carlos Carvallo, al frente del Banco Central, quien renunció esta semana a petición de Peña.
Pagos y detenciones de directivos
Peña promulgó una ley aprobada en tiempo récord por el Legislativo para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a los clientes de la intervenida institución. Cada depositante podrá recibir hasta 40 o 75 salarios mínimos mensuales, un monto que equivale a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares) o una garantía de hasta 228,3 millones de guaraníes (unos 38.000 dólares) por persona, y como primera etapa se anunció un desembolso de hasta 10 millones de guaraníes (unos 1.700 dólares). El BCP informó que el Fondo de Garantía de Depósitos contempla dicha cobertura y quienes mantengan deudas pendientes con Ueno Bank tendrán esos montos descontados. La dimensión judicial se intensificó tras ordenar el Ministerio Público la detención de ocho personas (con discrepancias entre fuentes que mencionan seis u ocho directivos detenidos o con orden de captura).
- Juan Manuel Gustale (presidente de la entidad, actualmente detenido)
- Federico Miguel Vázquez Villasanti (vicepresidente primero y titular del Grupo Vázquez, se presentó voluntariamente)
- Mariana Torres Rubiani
- Julio Daniel Rey Fernández
- Diego Fernando Duarte Schussmuller
- Alejandro Gómez Abente
- Diana Leticia Mongelós González (con orden de captura)
- Miguel Ángel Almada Frutos (con orden de captura)
El Ministerio Público investiga posibles delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y estafa. La Justicia paraguaya ordenó el embargo preventivo de bienes y cuentas por más de US$70 millones y más de un billón de guaraníes.
Impacto y contexto para lectores en México
Para los lectores en México, este caso ilustra el riesgo sistémico de las instituciones financieras digitales de rápido crecimiento y expone qué es una intervención o resolución bancaria: un procedimiento administrativo extraordinario mediante el cual la autoridad financiera toma el control de un banco insolvente para proteger los ahorros del público, suspender operaciones y reordenar activos frente a una crisis de liquidez y solvencia.