La violencia del crimen organizado en México está teniendo un impacto significativo en el acceso a servicios esenciales como la salud, la educación y la vivienda. Esta situación fue denunciada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU durante la revisión del séptimo informe periódico de México.
Consecuencias de la violencia en el acceso a la salud
El relator del país, Ludovic Hennebel, destacó que la inseguridad ha llevado a que el personal médico tema acudir a trabajar, lo que ha resultado en la interrupción de servicios de salud y vacunación. Además, muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia.
Cuestionamientos al gobierno mexicano
Durante la reunión, Hennebel pidió al gobierno mexicano que explique cómo evalúa las consecuencias de la violencia en los derechos económicos, sociales y culturales. También solicitó información sobre las medidas que se están tomando para garantizar la continuidad de los servicios esenciales y si se han investigado posibles vínculos entre grupos criminales y autoridades.
Reformas y su impacto en los derechos humanos
Los expertos del Comité también expresaron su preocupación por la reforma a la Ley de Amparo de 2025, que podría limitar la capacidad de las comunidades para defender sus derechos colectivos y el medio ambiente frente a megaproyectos. La representación mexicana defendió la reforma, argumentando que ha mejorado el acceso a la justicia y promovido la paridad de género en los tribunales.
Compromiso del gobierno ante la violencia
César Villanueva Esquivel, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, afirmó que el gobierno mantiene una política de tolerancia cero frente a las desapariciones. Según él, los homicidios han disminuido un 52% y los delitos de alto impacto un 36% durante los dos años anteriores.
