La salida de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ha dejado un panorama complicado con 2,500 millones de pesos comprometidos en contratos. Estos contratos están siendo revisados por las autoridades fiscalizadoras, y la nueva dirección del INE ya ha detenido al menos uno de ellos.
Contratos destacados del INE
Entre los contratos que han llamado la atención se encuentra el denominado “Contrato INE/051/2025”, que involucra la fabricación de credenciales para votar. Este contrato fue adjudicado a un consorcio que incluye a COSMOCOLOR, S.A. DE C.V., ICARDS SOLUTIONS, S.A. DE C.V. y TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO, con un costo estimado de 61,742,070 dólares, equivalente a más de 1,200 millones de pesos.
Este contrato fue firmado el 10 de diciembre de 2025 y se espera que finalice en junio de 2031. La firma estuvo a cargo de Jesús Octavio García González, quien ha sido acusado de conflicto de intereses.
Investigaciones en curso
Las autoridades han encendido las alarmas debido a la posible red de corrupción que involucra a 57 proveedores del INE que también son funcionarios públicos. Durante una reciente comparecencia, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, reveló que ya hay cinco personas imputadas y se están investigando al menos 18 expedientes sobre irregularidades desde mayo de 2025.
Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha comenzado una investigación exhaustiva sobre el gasto del INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), tras identificar operaciones irregulares que suman 8,870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026.
Otros contratos significativos
Otro contrato relevante es el “Contrato INE/002/2026”, otorgado a la empresa Full Circle Media por más de 134.8 millones de pesos para el desarrollo de materiales de difusión hasta diciembre de 2027. También se destaca el contrato con Tecnología de Gestión y Comunicación, que supera los 119 millones de pesos para una plataforma tecnológica que manejará información pública oficial relacionada con adquisiciones del Estado.
La situación es preocupante, ya que la exconsejera presidenta del INE dejó un legado de contratos que han suscitado investigaciones y alertas sobre posibles irregularidades en la gestión del instituto.