En México, el 96% de los asesinatos de defensores de derechos humanos permanece en la impunidad. Entre enero de 2022 y septiembre de 2026, se registraron 103 asesinatos y 10 desapariciones de personas defensoras. Sin embargo, solo cuatro de los 113 casos documentados han obtenido una sentencia condenatoria.
Falta de justicia y medidas ineficaces
Las organizaciones civiles han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de investigaciones efectivas. Esta situación permite que las agresiones continúen, afectando a las víctimas y sus comunidades.
El plan nacional y sus retos
Ante esta grave situación, la delegación mexicana se comprometió a elaborar un plan nacional para implementar el Protocolo Homologado Especializado para la Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Este plan incluye la difusión en formatos accesibles y la creación de un registro homologado de estos delitos.
Desafíos en las investigaciones
Las organizaciones han señalado que las fiscalías no consideran la actividad de defensa de las víctimas como una posible línea de investigación. Esto dificulta identificar los motivos detrás de las agresiones y a quienes las ordenaron.
Compromisos de la delegación mexicana
Además, se comprometieron a valorar la creación de una fiscalía especializada para investigar agresiones contra defensores. También aceptaron el acompañamiento técnico de la Relatoría Especial de Naciones Unidas.
